Actas del Congreso

500 Diana Martínez Carracedo
Efectos adversos
sobre los hijos
e hijas
Factores de
riesgo sobre los
hijos o hijas
sin DI
Fuente: elaboración propia.
ESPAÑA
MARRUECOS
Una atención mayor a la PCDI puede ser resentida por los demás miembros del subsistema
filial. Otro efecto adverso es el estigma derivado de tener un hermano/a con DI.
El grado de estrés de los padres y las madres afecta negativamente a la crianza de los hermanos
y las hermanas de PCDI.
Existe una tendencia al fracaso escolar por
parte de las hermanas mayores de PCDI
relacionada con su apoyo al cuidado de su
Las hermanas mayores de PCDI tienen un
hermano/a con DI, además de una forma de
mayor índice absentismo, por ejemplo en
hacerse notar.
los casos de monoparentalidad o en los que
También existen evidencias de que los
ambos progenitores trabajan.
hermanos/as tienden más al aislamiento y a la
delincuencia que los hijos/as criados en una
familia sin la presencia de una PCDI.
Los problemas de conducta que exhiben algunas PCDI favorecen trastornos en los hermanos
y en particular en las hermanas que tienen responsabilidades domésticas. Estos factores de
riesgo pueden disminuirse si existe una dinámica familiar funcional.
En general la presencia de un hermano
o hermana con DI no implica efectos
devastadores sobre el resto de hermanos/as.
Si la DI es leve, el hermano o hermana se
verá más afectado que si se trata de una
discapacidad intelectual severa.
Los hermanos/as de PCDI tienen mayor
índice de trastornos psicológicos con mayor
incidencia en familias numerosas y/o de
escasos recursos económicos.
Las familias con PCDI y rasgos más
disfuncionales son las que cuentan con un
miembro con una discapacidad severa.
3. ¿Qué podemos aprender de Marruecos? Desarrollo y análisis
de dos casos:
3.1. Caso I: La DI en España
– Legislación
Respecto a la Convención de la ONU, España la firmó el 30 de marzo de
2007 y la ratificó el 3 de diciembre de 2007.
El derecho español ha evolucionado en lo que atañe a la regulación de
la discapacidad y esto ha favorecido la progresiva adaptación de las leyes
españolas existentes a la Convención de la ONU (Observatorio estatal de
la discapacidad, 2010).
La promulgación de leyes tales como la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI), la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas Con Discapacidad (LIONDAU),
o la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a