Actas del Congreso

572 Mª Asunción Rancaño Martín - Carmen Almagro Martín
(temporal, permanente parcial o total) pasando a considerarla absoluta o
gran invalidez y, por tanto se reconoce el derecho del pensionista a percibir
atrasos o complementos sobre las cantidades inicialmente recibidas,
tales percepciones no deben tributar en el Impuesto, y, tampoco lo harán
las prestaciones ya recibidas puesto que tras la resolución del recurso, queda
claro que derivaron de situaciones de incapacidad permanente absoluta
o gran invalidez, conforme al criterio que señalábamos en el párrafo
anterior; entrando en juego, si procede, el mecanismo de la devolución
de ingresos indebidos. Y al contrario, si se modifica la calificación de la
incapacidad de forma que lo que en principio se consideró exento debió
tributar (incapacidad permanente absoluta por total o parcial), el perceptor
—voluntariamente o a requerimiento de la Administración— deberá
regularizar su situación tributaria de acuerdo con lo expuesto —así lo reconoce
la Dirección General de Tributos en su contestación a la consulta
vinculante de fecha 12 de mayo de 2005—.
Debemos recordar que, como segundo requisito, debe tratarse de prestaciones
derivadas del sistema público de previsión social, es decir, deben
haber sido reconocidas “por la Seguridad Social o las entidades que la sustituyan”.
No quedan amparadas bajo esta exención, por ejemplo, los complementos
de pensión percibidos por aplicación de convenio colectivo,
ni las prestaciones que tengan su origen en cualquier formula privada de
previsión social como los contratos de seguro, los planes de pensiones, los
planes de previsión asegurados, aunque deriven de situaciones de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez.
Cuando la norma exige que las prestaciones sean reconocidas al contribuyente
por la Seguridad Social, está haciendo referencia a las entidades
gestoras de la misma que son el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad
Social), el IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales) y el
ISM (Instituto Social de la Marina). Sin embargo no está tan claro a qué
“organismos” se refiere el precepto cuando admite la posibilidad de que
tales prestaciones sean reconocidas por “las entidades que la sustituyan (a
la Seguridad Social)”.
Resulta paradójico que el legislador incluya en esta exención la referencia
a tales “entidades que la sustituyan” pues, ciertamente, y a excepción
de algunos casos concretos, que no creemos entren dentro del ámbito de
aplicación de esta norma, tal como el de las pensiones de incapacidad permanente
absoluta que pueda abonar una institución internacional u otro
Estado (Alonso-Olea, Lucas Durán y Martín Dégano, 2009: 255), dichas
prestaciones siempre se reconocen por la Seguridad Social, careciendo de