Actas del Congreso

612 Verónica San Julián Puig
protección adecuado que diera cabida a la situación de las personas con
discapacidad y su mejora, a través de la articulación de diversas medidas
tanto de naturaleza pública como privada que se encuentran recogidas en
distintos instrumentos jurídicos y dispersas a lo largo de nuestro ordenamiento.
De entre ellas nuestro estudio se detiene en cuatro herramientas
jurídico-privadas que enlazan con el supuesto señalado y con uno de los
principios generales que la Convención proclama: el respeto a “la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones” (art.
3,a): la autotutela, los poderes preventivos, las instrucciones previas y el
representante del paciente. Con todas ellas se pretende reforzar el juego
de la autonomía y autodeterminación del individuo permitiéndole anticiparse
a la enfermedad para tomar sus propias decisiones relativas a cómo
organizar el cuidado de su propia persona, salud y patrimonio, a ejecutar
cuando sus facultades y recursos personales se vean mermados.
La primera valoración de esta proliferación de medidas no puede ser
más que positiva. Si el legislador toma la iniciativa en este ámbito lo hace
con la intención de proteger un interés digno de tutela, en este caso proteger
potenciando a la persona, buscando mantener su identidad al máximo.
Pero la constatación de su pobre empleo, no puede menos que llevar, en
un segundo momento, a la pregunta por las causas de tan exigua aplicación.
Es cierto que estas herramientas tienen aún poco tiempo de existencia
y recorrido, lo que hace que su difusión y conocimiento sea escaso
pero ¿concurren además elementos que obstaculizan su utilidad? Con su
estudio conjunto se pretende poner de relieve dónde pueden radicar los
factores que las hagan problemáticas o que puedan suponer una rémora
a la hora de ser aplicadas y empleadas. Entendemos que es ahí donde el
legislador deberá intervenir para limar lo que sea preciso en aras a facilitar
su aplicación. Solo así la Convención y los derechos de las personas con
este tipo de discapacidad serán una realidad plasmada en hechos y no un
listado de derechos que se quedan en papel mojado.
2. Análisis crítico
El acercamiento a estas cuatro herramientas nos permite ver el abanico
de opciones que se dan para una misma situación y cómo todas ellas,
de un modo u otro, enlazan con la representación y nos permiten una
valoración crítica de la armonización persona, patrimonio y salud. Dos de
ellas (autotutela y los poderes preventivos) fueron incorporadas al Código
civil por la modificación de los artículos 223 y 1732 CC operada por la Ley