Actas del Congreso

628 Inés Sánchez-Ventura Morer
personas con discapacidad intelectual es acorde o no con el modelo social.
Este sistema no es otro que el procedimiento de incapacitación. El
replanteamiento de este procedimiento ha venido de la mano de la CIDPD
y en concreto a raíz del debate que el art. 12 ha originado en torno a la
incapacitación e instituciones de guarda legal españolas encaminadas a la
protección de las personas con discapacidad intelectual. Sobre la base del
reconocimiento de la igualdad de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad respecto de las demás, la CIDPD parece referirse al sistema
de apoyos, en contraposición al sistema sustitutivo de la capacidad propio
de la tutela, como modelo a seguir a la hora de garantizar el ejercicio de la
capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad.
El art. 12 de la CIDPD señala que “las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás” (art. 12.2
CIDPD); de tal manera que los Estados que ratifiquen la Convención deberían
adoptar “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de la
capacidad jurídica” (art. 12.3 CIDPD). En el apartado siguiente destaca, o
mejor describe, cuáles son las características que debe reunir el sistema de
apoyos al que se refiere el apartado tres:
los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los
abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya
conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en
que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas (art. 12.4 CIDPD).
Una de las primeras interpretaciones a la que ha dado lugar este artículo
es aquella en virtud de la cual un sistema de protección de las personas
con discapacidad intelectual que implique sustitución en la toma de sus decisiones,
es contraria a la Convención. Las razones son fundamentalmente
dos: el reconocimiento a la igualdad, no sólo de la capacidad jurídica, sino
también del ejercicio de la capacidad jurídica y la referencia a un sistema
de apoyos favorecedor de la autonomía personal y que es incompatible con
un sistema de representación como la tutela 5 .
5
En este sentido: Pérez Bueno, Luis Cayo (2010), Discapacidad, Derecho y Políticas de
inclusión, Colección CERMI, núm. 45, Madrid, Grupo Editorial Cinca, S.A., pág. 55