Actas del Congreso

92 José Mª Ayala de la Torre
preceptos del texto de 1978 relativos a los derechos fundamentales (Título
I de la CE), comenzando por el artículo 10.1: “La dignidad de la persona,
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento
del orden político y de la paz social”.
3º. En tercer lugar, en la Convención se regulan auténticos derechos, de
aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico español, sin necesidad
de un desarrollo normativo y cuya vulneración abrirá paso a la articulación
de un sistema claramente garantista (el mayor) que ofrece nuestro derecho
(reserva de ley orgánica del artículo 81.1 de la CE y eficacia inmediata
y amparo constitucional del artículo 53.1 y 2 de la CE). Se trata de derechos
ya reconocidos por la Constitución (igualdad del hombre y la mujer,
no discriminación, derecho a la vida, etc.).
4º. Cierto lo anterior no lo es menos que la Convención recoge asimismo
derechos que sin dejar de serlo constituyen principios que deben
guiar el ordenamiento jurídico. Así sucede con los denominados principios
generales recogidos en el artículo 3 de la Convención (participación
e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia, la
accesibilidad).
Se trata de principios rectores de la política social, similares a los previstos
en el Capítulo III del Título I de la CE, principios que carecen de una
aplicación directa e inmediata, pero cuyo reconocimiento, respeto y protección
“informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación
de los poderes públicos” (artículo 53.3 de la CE), representando un punto
de llegada del proceso de democratización que recoge nuestro derecho
para lograr una igualdad real y efectiva.
5º. Por último, debemos destacar que el pilar sobre el que se asienta
la Convención es la igualdad y no discriminación prevista en su artículo
5 (conviene recordar que nuestra Constitución en su artículo 14 no veda
cualquier desigualdad sino solamente la desigualdad que sea discriminatoria,
exigiendo de esta suerte que supuestos iguales sean tratados de forma
igual y supuestos desiguales de forma desigual).
Expuesta esta panorámica general sobre las características de la Convención
hemos de hacer mención especial, en primer lugar, a las Políticas
Públicas realizadas por el legislador español en el marco de la Estrategia
Española sobre Discapacidad para los años 2012-2020: