Actas del Congreso

60 Antonio Luis Martínez-Pujalte
desigualdad de trato fundada en motivos específicos especialmente rechazables,
en los que la diferenciación niega la propia dignidad del hombre 3 .
Pues bien, es en este marco normativo que se acaba de describir en
el que incide precisamente la Convención. Si las personas con discapacidad
tienen reconocidos por la Constitución española sus derechos fundamentales
en igualdad de condiciones con todas las demás personas, y los
poderes públicos se encuentran además obligados a adoptar las medidas
necesarias para que puedan ejercerlos de modo efectivo, removiendo los
obstáculos y barreras que puedan impedirlo, la Convención —en virtud
de la remisión operada por el artículo 10.2 CE— permite definir el contenido
y alcance concreto, en el caso de las personas con discapacidad, de
los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución española, así
como de las medidas exigibles para garantizar su ejercicio efectivo y para
remover las barreras que lo impiden.
Pienso que este recurso a la Convención como parámetro interpretativo
de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad resulta
particularmente idóneo para asegurar su cumplimiento efectivo y para la
incorporación de sus disposiciones a la práctica jurídica real. En realidad,
buena parte de los problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad
son problemas relacionados con el ejercicio de los derechos
fundamentales, y la relevancia de las barreras a que se enfrentan radica
precisamente en que les impiden el ejercicio de esos derechos y, en consecuencia,
una plena participación en la vida social en igualdad de condiciones
con las demás. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales
que ofrece el sistema constitucional español pueden ser, pues,
un cauce adecuado para la superación de esas barreras, especialmente en
la medida en que las normas constitucionales que reconocen los derechos
fundamentales completen su contenido con las disposiciones de la Convención,
como reclama el artículo 10.2 CE.
De hecho, buena parte de los preceptos de la Convención desarrollan
derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución
española 4 . Lo muestra la siguiente tabla de correspondencias, que permite
3
Cfr. Cerdá, Carmen, “Los principios constitucionales de igualdad de trato y de
prohibición de la discriminación: un intento de delimitación”, Cuadernos Constitucionales
de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 50-51 (2005), págs. 193-218.
4
En mi opinión, en el sistema constitucional español sólo cabe denominar propiamente
“derechos fundamentales” —y esa es la acepción que sigo en el texto— a
los que se encuentran reconocidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución