Actas del Congreso

238 Ángeles Carmona Vergara
o enfermedad mental, cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
Esta extensión de la justicia gratuita supone un importante avance respecto
a la situación recogida en la Ley de 1996, en la que se les garantizaba
la defensa jurídica especializada de forma inmediata, pero no así el reconocimiento
del derecho de justicia gratuita que seguía sujeto al cumplimiento
requisitos generales, de forma que, si no se les reconocía con posterioridad
el derecho, debían sufragar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente
hasta ese momento. Este acceso se acompaña de una atención jurídica
especializada desde el momento de interposición de la denuncia y en el
propio asesoramiento previo que reciben, lo que representa una mejora no
sólo cuantitativa sino también cualitativa del servicio a favor de estas víctimas.
Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial: Se encuentra en la actualidad
pendiente de informe del CGPJ. El artículo 580 proyectado establece
que dentro de los Institutos de Medicina Legal podrán integrarse el resto
de equipos psicosociales que prestan servicios a la Administración de Justicia,
incluyendo los equipos técnicos de menores cuyo personal tendrá
formación especializada en familia, menores, personas con discapacidad
y violencia de género y doméstica, lo cual consideramos absolutamente
imprescindible para el adecuado acceso a la justicia del colectivo.
Violencia de género en mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad
tienen mayor predisposición a sufrir violencia de género y abusos,
y mayores dificultades para acceder a la información y para denunciar
dichas situaciones. Esa dificultad se acrecienta, por razones psicológicas,
porque en muchas ocasiones la persona que maltrata es quien ejerce el
papel de cuidadora y/o asistente. El sistema de recepción de este tipo de
denuncias debe encontrarse preparado para incluir esta especificidad, y las
herramientas que brinde deben tener la perspectiva de discapacidad.
La formación y la especialización de las personas que interviene en el
procedimiento policial y judicial en el que esté implicada una persona con
discapacidad resultan absolutamente imprescindibles para preservar sus
derechos de acceso a la justicia.
Todas las reglas relativas al acceso a la asistencia legal y defensa pública
deben prever que las personas con discapacidad pueden requerir de métodos
alternativos de comunicación como el Braille, la lengua de señas, o la
utilización de tecnologías para la comunicación. Asimismo todas las reglas
relativas a la celebración de actos judiciales, deberán prever que las personas
con discapacidad pueden requerir de un entorno físico o edificio accesible
que garantice la utilización de formas alternativas de movilidad (sillas de ruedas,
perros guías, etc.) o de formas alternativas de acceso a la información.