Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
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cumplimiento y que reclama también modificaciones sustanciales en las
legislaciones internas (Biel, 2010: 15 y 16).
2. La regulación de la libertad personal en la legislación española y su
adaptación a la CDPD. Una cuestión (muy) pendiente
El derecho a la libertad y a la seguridad personal se recoge en el artículo
17 de la Constitución Española cuyo apartado 1 señala que “Toda
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado
de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo
y en los casos y en la forma previstos en la ley”. Si bien este genérico
reconocimiento incluye obviamente a las personas con discapacidad, la
legislación española prevé “casos” y “formas” de privación de libertad que
implican el establecimiento de un régimen especial para este colectivo,
singularmente para las personas con discapacidad mental e intelectual
tanto en el ámbito civil (a través del internamiento involuntario) como
en el ámbito penal (a través del sistema de medidas de seguridad). Régimen
diferenciado que vulnera las exigencias del artículo 14 de la CDPD
en tanto a) contempla la discapacidad como una causa que justifica la
privación de la libertad, b) no trata a las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con los demás al establecer injustificadamente
unas condiciones particulares para la privación de la libertad de ciertas
personas con discapacidad que resultan perjudiciales en relación con el
tratamiento general que recibe el resto de la población deben considerarse
discriminatorias, c) no garantiza su adecuado tratamiento de conformidad
con los objetivos y principios contemplados en la CDPD. Y que
se enfrenta, además, con el contexto filosófico y normativo del artículo
14 CDPD 2 .
2
Y ello en tanto se inspira claramente en el modelo médico y la perspectiva asistencialista,
maneja una visión de las personas con discapacidad intelectual y mental
basada en prejuicios y estereotipos contemplándolas como personas necesitadas
de protección o como individuos peligrosos, permite su sustitución por un tercero
en la toma de decisiones, no contiene medidas orientadas a asegurar la participación
efectiva de las personas con discapacidad en los procesos judiciales civiles y
penales en los que se decide sobre la privación de su libertad ni el diseño de los
centros de internamiento y reclusión de acuerdo con las exigencias de accesibilidad,
realización de ajustes y provisión de apoyos para el ejercicio de los derechos,
ni dispone de los recursos sociosanitarios para hacer realidad el derecho a la vida
independiente y a ser incluido en la comunidad capaces de evitar situaciones de