Actas del Congreso

450 Ascensión Leciñena Ibarra
factoriamente la consecución de ese resultado. El artículo 12.2 y 3 CDPD
bastaría para ilustrar la indicación a la que se ha hecho referencia pues,
tras afirmar el reconocimiento por parte de los Estados Partes de que las
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones
con las demás en todos los aspectos de la vida, obliga a éstos a adoptar
las medidas pertinentes para proporcionar a dichas personas el apoyo
que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Con este precepto, la Convención toma partido por el cambio del modelo
de sustitución en la toma de decisiones por el nuevo modelo de apoyo
o asistencia en las mismas, adaptado a las circunstancias de la persona,
como medio para el ejercicio de su capacidad jurídica. Un rechazo al sistema
tutelar sustitutivo o representativo presente en el régimen de la tutela
patria, proclive a silenciar la voluntad del tutelado sustituyéndola por la
del representante nombrado al efecto para todos los actos de la vida civil.
En definitiva, un sistema que se mantiene alejado del plan de apoyos que
las personas que carecen de plena aptitud para gobernare por sí misma
pueden necesitar en el ejercicio de una capacidad jurídica, anulada o restringida
por la sentencia de incapacitación.
Con todo, estimo que la incorporación de la Convención a nuestro derecho
interno no ha de considerarse del todo incompatible con el mantenimiento
del sistema de representación derivado de un procedimiento
de modificación de la capacidad, siempre que releguemos la aplicación
residual de éste para los casos más graves en donde el estado psíquico de
la persona complicaría o imposibilitaría la aplicación del sistema de apoyos.
La Convención no niega por obvio que existan personas con limitaciones
reales capaces de mermar sus capacidades naturales; a estas personas
con discapacidad el texto internacional les reconoce capacidad jurídica
en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida
(artículo 12.2). Pero estas limitaciones, aunque las imposibiliten para gestionar
sus asuntos, no las incapacitan para ello; tan solo precisan de ayudas
en su actuar jurídico que no restrinjan su capacidad de obrar, basadas en la
asistencia a la persona y no en su representación. Mas, en los casos en que
la especial gravedad de su situación anule sus funciones cognitivas y volitivas
y la opción por las técnicas jurídicas menos agresivas para el protegido
como la modalidad de apoyos resulte insuficiente para la protección de
éste, no creo que contravenga los dispuesto en la Convención que, siempre
en su beneficio, se reconozca su incapacidad para el ejercicio de su capacidad
de obrar y se le nombre un representante.