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Actas del Congreso

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Discapacidad: interacción entre la contratación pública y la economía <strong>del</strong> bien común<br />

341<br />

plimiento de unos estándares o criterios de sociales y de calidad como:<br />

condiciones laborales dignas; salarios mínimos; perspectiva de género;<br />

contratación de personas con discapacidad; en exclusión social o de reinserción;<br />

entre otras, incorporando también criterios medioambientales en<br />

contratos de suministro, obras y servicios como: la eficiencia energética;<br />

el uso de productos reutilizables; el empleo de energías renovables, etc.,<br />

incluyendo en dicha normativa europea dos recomendaciones importantes<br />

con el propósito de que se consiga la plena inclusión socio laboral de<br />

las personas con discapacidad, estableciendo la conveniencia de obligar a<br />

los poderes adjudicadores a asegurarse de que los licitadores cumplan las<br />

normas en el empleo de los trabajadores.<br />

La reciente Directiva Europea sobre contratación pública aprobada por<br />

el Parlamento Europeo el pasado 15 de enero de 2014, da un paso más<br />

en el compromiso social, con el propósito de lograr los tres objetivos que<br />

marca la Estrategia 2020 de la Comisión Europea 6 , pone de relieve nuevos<br />

criterios para dar prioridad a la calidad, el medioambiente, aspectos sociales<br />

e inclusivos o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes <strong>del</strong> ciclo<br />

de vida <strong>del</strong> objeto de la licitación.<br />

En la contratación pública actual, todavía se práctica un uso excesivo<br />

<strong>del</strong> criterio de adjudicación <strong>del</strong> “precio más bajo” o <strong>del</strong> “coste más bajo”.<br />

Esa utilización excesiva es contradictoria con la innovación, la búsqueda<br />

de una mayor calidad y una mejor relación calidad-precio, conforme a lo<br />

exigido por la Estrategia Europa 2020.<br />

4. El compromiso social de las Administraciones Públicas: Compromiso<br />

social y responsable desde el ámbito universitario<br />

Con el fin de contribuir al desarrollo de objetivos sociales es siempre<br />

muy importante el compromiso social de la Administración. Las Administraciones<br />

Públicas a través de su capacidad de compra y de acuerdo a la<br />

normativa nacional y a las exigencias de la normativa europea 7 , podrán<br />

6<br />

Objetivos enfocados hacia el desarrollo de una economía basada en el conocimiento<br />

e innovación; en la competencia y eficacia de los recursos; en el fomento<br />

<strong>del</strong> empleo que tenga cohesión social y territorial, en el incremento de la eficiencia<br />

<strong>del</strong> gasto público en términos de relación calidad/precio y en la contratación<br />

pública en apoyo de objetivos sociales comunes.<br />

7<br />

Véase el artículo 150.1 <strong>del</strong> TRLCSP de “las características medioambientales o<br />

vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesida-

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