Actas del Congreso

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Y en esta lectura rápida, como de amplio espectro, que se abre con la
justificación de la discriminación positiva, nos lleva, a reivindicar directamente
el derecho a ser tratados como diferentes, y a que, en consecuencia,
la diferencia, el factor de la discapacidad, no se convierta en no solo en
causa de discriminación, sino de agravamiento. Usó este extraño exordio
para llegar finalmente a una modificación legal que calificamos como seriamente
agresiva y que afectan a las personas con discapacidad y, con éstas,
a quienes tienen afectada su capacidad cognitiva por patologías o alteraciones
mentales, y que al participar en un hecho delictivo, no se benefician
de las instituciones de un sistema penal de garantía, que veía configurado
como un derecho autor, que trataba de identificar la situación específica
de quien interviene en un delito para pasar por el contrario, a una consideración
no solo del hecho, sino de apreciación de la “peligrosidad” que
este genere.
Y señalo esto para denunciar, por esta vía, la proposición de Modificación
del Código Penal que en este momento se debate en el Parlamento, y
que supondrá la modificación de los artículos 6.2 y 101.1 del Código Penal
vigente de 1995, eliminando la sustancial garantía que aquellos preceptos
establecían al impedir que una medida de seguridad derivada del reconocimiento
de una atenuante cualificada o una eximente, por la concurrencia
de aquellos motivos, pudiese tener una duración superior a la condena
que hubiese correspondido al delito de ni aplicar tal circunstancia.
Por este cauce, la discapacidad se convierte, de manera clara, en motivo
que genera una discriminación en el tratamiento penal evidente para
todos menos para el legislador, que justifica esta medida en una supuesta
situación de peligrosidad que la práctica totalidad de los casos no generan
precisamente las personas con discapacidad. Como profesional del derecho,
y si finalmente el propuesto es el texto que proclama el Código Penal,
habré de analizar con rigor si a un hipotético cliente con discapacidad que
haya intervenido en un hecho delictivo le puede beneficiar o, por el contrario,
le perjudicaré al alegar la existencia de unas limitaciones cognitivas
que, sin duda, habrán influido en la comisión del delito.
Desde el movimiento asociativo a favor de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo FEAPS y, singularmente, desde quienes trabajan
a diario en los centros penitenciarios en el Programa Reclusos y en nuestra
proactiva RED DE JURISTAS, venimos denunciando que aproximadamente
un 6.5% de la población reclusa española, es decir, aproximadamente
unas 4.550 personas que hoy cumplen condenas en centros de privación
de libertad en nuestro país, padecen algún grado de discapacidad intelec-