Actas del Congreso

138 Carlos Ganzenmüller Roig
necesidad de aplicar la Convención con la enorme proyección de derechos y
obligaciones que comporta; interpretando y adaptando los mecanismos que
proporciona nuestro derecho a sus postulados, incluso en aquellos aspectos
más complicados como los derivados de los Arts. 12 y 13 de la Convención.
Esta importante tarea, clave para su consolidación, como expresamente
señala su Art. 8, ha sido tratada por los Fiscales en el Manual de Buenas
Prácticas, plenamente enmarcado en la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 20 de noviembre de 2010, cuya aplicación supone un
reto para todas las Instituciones y especialmente para el Ministerio Fiscal,
al ser una de sus funciones constitucionales la de intervenir en los procesos
civiles que determine la ley cuando el interés social lo requiera.
En éste, se abordan todos los aspectos más relevantes de su intervención:
Desde el acceso del ciudadano a la Fiscalía, hasta su actividad en todas
las fases de los distintos procedimientos relacionados con la capacidad de
las personas, sin olvidar otras cuestiones de gran trascendencia como la
protección y garantía de los derechos de las personas mayores, la especial
consideración al maltrato de las personas con discapacidad, y las cuestiones
relacionadas con el derecho de acceso a justicia de las personas con
discapacidad en base al Art. 13 de la Convención, donde se incide en el
conocimiento personal y directo de las diversas necesidades de las personas
con discapacidad a fin de asegurarles el empleo de los recursos que
garanticen el disfrute de iguales oportunidades, acceso y participación en
idénticas condiciones que todo ciudadano.
La elaboración de una Circular en la que se regule con carácter unitario
la intervención del M. Fiscal en sus actuaciones relativas a la Protección de
los derechos de las Personas con Discapacidad en el marco de la Convención,
deviene necesaria en forma similar a lo que ya se ha apuntado en el
referido Manual de Buenas Prácticas.
También en ella se deberían regular el alcance de la especialización,
organización del M. Fiscal y la coordinación eficaz entre sus “Servicios de
protección” a otros colectivos vulnerables como son menores, mujeres y
personas mayores, donde el denominador “con discapacidad” concurra
proyectando una doble vulnerabilidad.
2. De la capacitación y especialización adecuada del personal de la Administración
de Justicia. Art. 13.2 de la Convención.
Desde la creación en el seno de la Fiscalía General de las Fiscalías de
Sala Especializadas en materias relevantes, se hizo patente la carencia de