Actas del Congreso

594 Victoria Rodríguez-Rico Roldán
Por otra parte, el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, fue la
norma encargada de aprobar la Estrategia Española de Empleo 2012-2014.
Ésta inscribe precisamente a las personas con discapacidad como colectivos
prioritarios de actuación, por presentar “especiales dificultades de integración
en el mercado de trabajo”, precisando además que la atención a
este colectivo se debe enmarcar también en lo dispuesto en la Estrategia Española
sobre Discapacidad 2012-2020. Entre los objetivos estratégicos, alude
el Real Decreto al mantenimiento o aumento de las tasas de inserción
laboral de estas personas mediante incentivos al empleo, estable y temporal,
potenciando su transición hacia el mercado ordinario, con fórmulas
como los enclaves laborales y empleo con apoyo, así como fomentando el
emprendimiento, el autoempleo y las iniciativas de economía social.
En cumplimiento del mandato de la Disposición final segunda de la
Ley 26/2011, en la redacción dada por la disposición final quinta de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
ha procedido a refundir, aclarar y armonizar la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de integración social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, de 26
de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones
en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. El texto legal referido
dedica en su estructura un título específico a determinados derechos de
las personas con discapacidad, entre los que el derecho al trabajo tiene un
lugar merecidamente importante.
En particular, es el Capítulo VI el encargado de dotar de contenido el
derecho del trabajo en el ámbito de las personas con discapacidad. El art.
35 proclama el derecho del colectivo en condiciones que garanticen la
aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación en el
acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional,
en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y de despido, en la
promoción profesional, la formación profesional ocupacional y continua,
la formación para el empleo, y en la afiliación y la participación en las organizaciones
sindicales y empresariales o la incorporación y participación
en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión
concreta. En este sentido, se sancionan con nulidad y sin efecto los preceptos
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos