Actas del Congreso

468 Patricia Lescano Feria
En fin, la actuación del tutor y del curador, tal y como están configuradas,
se desarrollan principalmente en asuntos de índole patrimonial. Por
ello, normalmente, se acude al procedimiento de incapacitación cuando se
trata de casos graves unido al dato de que la persona a incapacitar cuenta
con un patrimonio significativo. O, lo que es lo mismo, la dificultad de
encontrar personas dispuestas a asumir los cargos cuando la persona a incapacitar
carece de recursos económicos y la rapidez con la que se ofrecen
cuando la situación es la contraria 12 .
4. Flexibilidad en la protección
Analizada la situación, el planteamiento que formulo es, por un lado, la
posibilidad de adaptar, modificar o integrar los mecanismos tuitivos tradicionales
para que cumplan con su finalidad (verdadera protección); y, por
otro, la necesidad de adoptar sistemas de apoyo que salvaguarden a la persona
sin llegar al procedimiento de incapacitación, el cual sólo se activará
para circunstancias muy graves y de acuerdo a las circunstancias concretas.
Atendiendo a la segunda vertiente, hay casos en los que la persona no
ha perdido totalmente su capacidad de autogobierno y por tanto el procedimiento
de incapacitación no resulta adecuado para su protección.
En estas circunstancias, se pueden implementar medios de apoyo que, sin
llegar a la incapacitación, otorguen al discapacitado la asistencia necesaria
para desarrollar sus actividades. Este ha sido el objetivo de algunos
países europeos que, habiendo detectado la problemática, han desarrollado
mecanismos de ayuda para la persona con discapacidad. Tal es el
caso de Francia con la sauvegarde de justice, la figura del betreuung en Alemania,
la amministrazione di sostengo en Italia, o el cuidador en la Mental
Capacity Act 2005 del Reino Unido, etc. En otros casos, algunas personas,
si bien tienen mermada la capacidad de autogobierno y ello daría lugar a
la incapacitación, esto no resulta necesario ni beneficioso, porque la protección
ya la encuentran en su círculo familiar o social. Aquí me refiero
a la Guarda de hecho.
En suma, existen otras formas de protección, que, judicialmente controladas,
pueden garantizar los derechos personales y patrimoniales de las
12
Vid. Rogel Vide, Carlos, “La tutela del deficiente mental”, Díez-Picazo, Luis y Ponce
de León, Luis (Dirs.), La situación jurídica de los deficientes mentales en el Derecho
español, 1975, págs. 211-220.