Actas del Congreso

Nuestro ordenamiento y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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Para resolver si un determinado ajuste es “razonable” habrá que ponderar
la relevancia del ajuste y el objetivo esperado de combatir la discriminación
con la disponibilidad de recursos. A estos efectos, y a falta de pronunciamientos
al respecto del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
será preciso tener en cuenta que el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, intérprete preeminente para la aplicación del
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha
dictaminado que
“La prohibición de la discriminación, consagrada en el párrafo 2 del artículo 2 del
Pacto, no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de
recursos; se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y
abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente” (Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999: OG 13, § 31).
Además, nuestro sistema organiza la realización de ajustes y la dotación
de medios no en función de las necesidades individuales de los alumnos,
sino en función de la existencia en los centros de un número predeterminado
de alumnos con necesidades educativas especiales, lo que provoca
prácticas administrativas contrarias a la Convención en cuanto a dotación
de recursos a los centros que escolarizan alumnos con discapacidad (instalaciones,
adecuación y suficiencia de medios personales). Este escenario
ha empeorado como consecuencia de las decisiones adoptadas en materia
de consolidación fiscal y de reducción del déficit público que han reducido
las cantidades presupuestadas y destinadas a estos fines, lo que ha afectado,
en algunos supuestos, a los alumnos con discapacidad y a sus derechos
educativos. Así, se ha reducido la dotación de profesores especialistas o de
otro personal a los centros y con frecuencia ha sido también reducido el
tiempo que dedican al alumnado con discapacidad (por ejemplo, ahora
reparten su horario lectivo entre varios centros). También en algunas Comunidades
Autónomas se han reducido las ayudas concretas directas a las
familias con alumnos con discapacidad para asistir a clases y terapias de
refuerzo y apoyo.
Por último, aunque no por ello menos importante, el sistema no está
adoptando las medidas estructurales necesarias para evitar la exclusión. El
diseño para todos, la accesibilidad universal, la preparación de profesores
y profesionales especializados, la atención a las actividades no lectivas y
extraescolares y la sensibilización de la comunidad escolar, están lejos de
ser una realidad en el sistema educativo español pero son requisitos sine
qua non para que los alumnos con discapacidad escolarizados en centros
ordinarios puedan ejercer su derecho a la educación en igualdad de condiciones
que los demás (Campoy Cervera, 2013: 20 a 27).