Actas del Congreso

548 Isabel Palomino Díez
intolerables que padecen los más débiles”, entiende que el honor, por su
propia naturaleza, no es disponible por los particulares en tanto que “la
autovejación encierra una intrínseca inmoralidad que la sitúa al margen
de lo que está permitido pactar ex artículo 1255 C.c.”; ello además, sigue
diciendo esta autora, de que la ilicitud del móvil de las partes para contratar
y la función del contrato infringen también claramente el artículo
1275 C.c. 21 .
Por su parte (Bercovitz, 2010:1, 2, 3) apunta la diferencia entre la protección
que se dispensa a los menores y la que se otorga a los discapacitados
mentales, y aboga por la aplicación analógica del artículo 4.3 de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
a los incapacitados y, con mayor razón, al consentimiento prestado por un
discapacitado mental no incapacitado puesto que este precisa de una protección
similar a la del menor.
Asimismo (Castilla Barea, 2011: 15, 16, 20) considera que la capacidad
natural debe exigirse como “cimiento del consentimiento válido a la intromisión
en los derechos al honor y a la propia imagen”, del mismo modo
que la protección del incapaz justifica deshacer los contratos que realiza
en ausencia de razón; entenderlo de otro modo, carece de lógica. De esta
forma, devendría aplicable la posibilidad de que “el consentimiento sea
inexistente por falta de capacidad natural (ex arts. 1261 C.c.) y, por tanto,
nulo el contrato (arts. 1300 y ss. C.c.) (…), sin necesidad de proceder a la
incapacitación judicial del consentidor”.
Nos atrevemos aquí a hacer una pequeña aportación más. Entendemos
que son dos las cuestiones fundamentales que están presentes en el supuesto
resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional, y que ambas
pueden encontrar su acomodo en la Convención. Por un lado, con qué garantías
un discapacitado no incapacitado puede prestar su consentimiento
a una intromisión en sus derechos al honor, intimidad o imagen, y, por
otra, cuál es la finalidad que se persigue, o debe perseguirse, por los medios
de comunicación al llevar a cabo dicha intromisión. Esto es: ¿Puede
un discapacitado consentir por sí mismo esa intromisión realizada en un
medio de comunicación? ¿Es jurídicamente admisible que, incluso consen-
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La Moral es un límite infranqueable que convierte en indignos de tutela jurídica
los acuerdos que atenten contra un mínimo ético que todos estamos obligados
a compartir. “Y la protección de la discapacidad, (…), no creemos que suscite
muchas dudas a la hora de constituir un objetivo a integrar en esos principios
elementales que todos compartimos, (…)” (Cabezuelo Arias, 2010: 187).