Actas del Congreso

526 Susana Montañez Heredia
la aplicación del principio de igualdad de trato que proclama la CIDPD y
la Ley General.
Tampoco resulta ocioso destacar, continua el Tribunal Supremo, que la
relación laboral de carácter especial que regula el RD 1368/1982 lo es para
quienes trabajen “en los centros especiales de empleo” (esto es, parece
determinante el efecto locativo “en los centros especiales…”) y, en los supuestos
de prestación de servicios en le empresa ordinaria es en ella donde
se desarrolla la actividad laboral diferente del teórico “centro especial de
empleo”.
Por su parte la STS 1186/2012 habla de un concepto, a mi juicio, determinante
a la hora de plantearse una nueva regulación de la materia cuales
son: 1) participación de las empresas en proyectos sostenibles en igualdad
de condiciones con el resto de las empresas e integrar en dicho proyecto
tanto a personas con discapacidad como sin ella y 2) Se pueden introducir
el matiz de la acción positiva afirmando en las cláusulas de contratación
que la igualdad con otras empresas se lograría privilegiando a las personas
que trabajan ya en la empresa aunque sean estas centros especiales de empleo.
Concretando las medidas necesarias aún en esta materia, Primero: se
parte de un presupuesto y es el fomento de la empleabilidad, el empleo
digno y el mantenimiento de las personas con discapacidad en el mercado
de trabajo necesitan que se respeten por las empresas los puestos de
trabajo funcionales ya creados y ocupados por personas con discapacidad
independientemente de cuál relación laboral. Segundo: Si no incluimos
cláusulas sociales en los proyectos, sólo desarrollamos compromisos en un
lado del tráfico jurídico tendiendo a pensar que la empresa que no tiene
titularidad especial no se ve obligada al mantenimiento de un puesto de
trabajo de personas con discapacidad que ya existía antes de llegar. Tercero:
Esta exigencia debería hacerse extensible a la empresa “principal”
puesto que se ve ajena a todo este proceso cuando en realidad es la gran
beneficiaria y corresponsable de lo que está sucediendo y debería posicionarse
al respecto.
A modo de conclusión cabe pensar que la existencia de trazabilidad
de las cláusulas sociales de los contratos llegaría a modo de cumplimiento
efectivo cuando, tras exigirse legalmente en el mercado de trabajo, se
premiara dicho gesto haciendo a la empresa responsable social de manera
efectiva a través de un encadenamiento de contrato de prestaciones y
servicios que aglutine a las empresas comprometidas. De tal manera que
tenemos la ISO 19000 para la calidad, la 14000 para el medioambiente o