Actas del Congreso

Derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad
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dencia, la mal llamada Ley de Dependencia 2 , supuso un hito destacado en
el ámbito de las políticas sociales implementadas en España y un esfuerzo
para atender a uno de los colectivos más desfavorecidos, las personas en
situación de dependencia, a sus familias y cuidadores. Supone el reconocimiento
de un derecho subjetivo de acceso a los servicios y prestaciones
reconocidas para dichas personas.
Sin embargo, la implantación de esta política pública ha tenido importantes
obstáculos, como la necesidad de implicación de distintos niveles de
gobierno y de administración, una deficiente financiación y la última, la grave
crisis económica existente en España a partir de 2008. Los últimos recortes en
este ámbito han provocado que desde el 2012 no se hayan incluido a más personas
como beneficiarias. Un ejemplo, es la primera reforma de la citada Ley,
julio de 2012, en la que se aprobó retrasar hasta el año 2015 la incorporación
de las personas valoradas en Grado I o dependientes moderado al sistema.
4.1. La Asistencia Personal
Como ya hemos señalado, la asistencia personal está garantizada en el
artículo 19 como derecho en la mencionada Convención Internacional
de la ONU. En algunos países lleva aplicándose más de 30 años como por
ejemplo en E.E.U.U., Suecia, Gran Bretaña, etc. En España es de reciente
implantación gracias a la aprobación de la Ley 39/2006.
Para (Blanco, Centeno, Rodríguez-Picavea y Romañach, 2009) se considera
la asistencia personal como “un servicio de apoyo a la vida independiente
y a la promoción de la autonomía de las personas discriminadas por
su diversidad funcional, que se instrumenta a través de la figura laboral
del/la asistente personal” (pág. 3). Continuando con (Blanco et al., 2009)
la figura del asistente personal se define como:
“(…) aquella persona que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a
otra persona que por su situación, bien sea por una diversidad funcional o por otros
motivos, no puede realizarlas por sí misma. Esta ayuda está regulada por un contrato
profesional en el que el usuario o usuaria, habitualmente la persona con diversidad
funcional o el representante legal de una persona con diversidad funcional, es la
parte contratante. La existencia del Asistente Personal se basa en el deseo y el derecho
de las personas con diversidad funcional a controlar su propia vida y a vivirla
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Tal denominación supone centrar el interés únicamente en el análisis de la dependencia
y no prestar atención a la promoción de la autonomía personal, aspecto
olvidado no solo en el término que se le da popularmente a la Ley si no
también en los recursos destinados por las Administraciones Públicas al tema.