Actas del Congreso

152 Patricia Cuenca Gómez
El inciso b) del artículo 14.1 obliga a los Estados no sólo a asegurar, de
acuerdo con la formulación estándar del derecho a la libertad personal,
que las personas con discapacidad “no se vean privadas de su libertad ilegal
o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad
con la ley” sino también a garantizar “que la existencia de una discapacidad
no justifique en ningún caso una privación de la libertad”, especificación
absolutamente novedosa que exige reformas de gran alcance en los sistemas
jurídicos domésticos. En este sentido, la garantía de la libertad personal
significa que la privación de la libertad no puede fundamentarse, ni
directa, ni indirectamente en la discapacidad, lo que supondría, además,
una discriminación por motivos de discapacidad prohibida por el art. 5 de
la CDPD. Como se ha ocupado de aclarar la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2009: párrafos 48 y
49), el artículo 14 no sólo prohíbe que la discapacidad, “en particular la
discapacidad intelectual o mental” pueda ser la única causa de la privación
de libertad, sino que además prohíbe que la restricción del derecho a la
libertad pueda fundarse en la combinación de la discapacidad con otros
elementos “como la peligrosidad, la atención o el tratamiento”. Dicho de
otro modo, la concurrencia de estos motivos no puede hacerse depender,
asociarse o evaluarse exclusivamente en función de la existencia de una
discapacidad mental o intelectual “aparente o diagnosticada”. Lo anterior
no debe “interpretarse en el sentido de que las personas con discapacidad
no puedan ser legalmente internadas para su atención y tratamiento o privadas
preventivamente de libertad, sino que el fundamento jurídico que
determina la restricción de libertad debe estar desvinculado de la discapacidad
y definido sin referencia a ésta, de manera que se aplique a todas las
personas en igualdad de condiciones”.
Precisamente el apartado 2 del artículo 14 establece la obligación de
que las personas con discapacidad que se ven privadas de su libertad tengan
“en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de
conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a
ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente
Convención, incluida la realización de ajustes razonables”.
Esta obligación implica que las personas con discapacidad, como las
demás personas privadas de libertad, deben poder ejercer todos los derechos
de los que son titulares y que no se ven afectados de forma inherente
por la situación de reclusión para lo cual resulta esencial la provisión de
adaptaciones, ajustes y apoyos. De nuevo, se trata de una obligación que se
incluye por primera vez en una norma jurídica internacional de obligado