Actas del Congreso

Algunas reflexiones sobre las políticas públicas de discapacidad desde la perspectiva…
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1º. Accesibilidad. La Estrategia parte del principio de incorporar la accesibilidad
universal como factor esencial y tomarla en consideración en la
elaboración y aplicación de las normas y políticas.
De esta suerte la accesibilidad universal emerge como un principio hermenéutico
e interpretativo no solamente en la elaboración de las normas
sino también en la aplicación de las mismas. En definitiva, contiene un
mandato dirigido al legislador (elaboración de las normas) pero también
al poder ejecutivo (aplicación de la norma) y al judicial (interpretación
pro accesibilidad, de acuerdo con la finalidad y espíritu de la norma, como
indica el artículo 3.1 del CC).
2º. Educación. Se pretende impulsar la detección precoz de las necesidades
educativas, medidas concretas sobre el colectivo con discapacidad
para garantizar el cumplimiento de la reducción del abandono escolar y
potenciar la formación del profesorado.
3º. Participación real y efectiva. En base al artículo 9.2 de la CE se pretende
incorporar a la asociación nacional más representativa de las personas
con discapacidad a los órganos de participación de la Administración
General del Estado.
4º. Colectivos vulnerables. Se pretende ofrecer medias de apoyo al envejecimiento
activo de personas con discapacidad, desarrollar una estrategia
global de acción de las personas con discapacidad en el medio rural.
5º. Sanidad. Se pone especial énfasis en la detección precoz de la discapacidad,
promoviendo medidas que faciliten el uso de medios de apoyo
con vistas a garantizar una vida independiente.
Por otro lado entendemos oportuno hacer mención especial dentro de
las políticas públicas llevadas por nuestro Estado para poner en valor la
Convención otras dos materias: la contratación pública y el acceso a la justicia.
En materia de contratación pública, el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Decreto legislativo 3/2011 ha
tratado de integrar la dispersión en que se encontraba la legislación vigente:
1º. Prohibición de contratar con el Sector Público a las personas sancionadas
con carácter firme por infracción grave en materia de integración
laboral e igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con
discapacidad. La prohibición es para contratar con todo el sector público
y no solamente con la Administración (afecta por consiguiente a las EPE,