Actas del Congreso

68 Antonio Luis Martínez-Pujalte
cia la Convención no forma parte de la ratio decidendi, entre otras razones
porque los hechos enjuiciados son anteriores a su entrada en vigor, si bien
aparece citada porque se había hecho referencia a ella en la Sentencia de
instancia. En todo caso, la doctrina formulada es sumamente relevante, y
se refuerza a la luz de las obligaciones que impone a los Estados parte el
artículo 24.2 de la Convención (hacer ajustes razonables en función de las
necesidades individuales, y prestar el apoyo necesario a las personas con
discapacidad para facilitar su formación efectiva). El núcleo de la argumentación
del Tribunal se resume en los siguientes párrafos:
“Los niños con TEA se encuentran en una posición de desigualdad de partida que les
hace acreedores de una respuesta de las Administraciones educativas adecuada a sus
necesidades, bien particulares (…) En este caso, los poderes públicos deben hacer
frente a una exigencia cualificada desde el punto de vista constitucional: la propia
del derecho a la educación del artículo 27 de la Constitución, reforzada por el principio
de protección de los discapacitados que enuncia su artículo 49 y, sobre todo,
por el mandato de su artículo 9.2 de remover los obstáculos a una plena igualdad
(…) Y, si no se respeta la ratio, extremo reconocido en el informe del Inspector de
Educación, faltan la programación y los protocolos de actuación, rota el personal,
no se asegura su cualificación y se reúne a niños que, por sus edades, deberían estar
separados, aunque el aula no sea ya pequeña y el personal sea el mínimo exigible, no
sólo no se han observado las exigencias legales sino que difícilmente puede decirse
que se haya respetado el derecho fundamental a la educación ofreciendo a los niños
a los que se refiere el recurso un tratamiento acorde con la situación de desigualdad
de partida en que se encuentran”.
Finalmente, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de noviembre
de 2009 aborda un problema algo distinto, pues se refiere a la educación
universitaria 9 . El caso consiste en que una persona con discapacidad neurológica
grave, con un grado del 76%, que le genera fuertes dolores de
cabeza casi diarios, a veces acompañados de sueño prolongado, solicitó
una beca para realizar 4º curso de Derecho, incumpliendo los requisitos
académicos establecidos en la Orden de convocatoria, que, para alumnos
de segundo y posteriores cursos, eran: haber obtenido 5 puntos de nota
media; y no contar con más de una asignatura no superada. Pues bien, la
argumentación del Tribunal es bien sencilla. A la luz de lo dispuesto por
el artículo 10.2 CE que venimos citando a lo largo de estas páginas, el Tribunal
entiende correctamente que “los derechos y libertades fundamenta-
9
Esta Sentencia ha sido comentada por Pérez Bueno, Luis Cayo, “La configuración
jurídica de los ajustes razonables”, en Pérez Bueno, Luis Cayo (ed.), 2003-2012:
Diez años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España,
Madrid, Cinca, 2012, págs. 180-181.