Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
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cativo de las personas con necesidades específicas de apoyo educativo no siempre se
alcanza. De lo que se deduce que muchos niños y niñas en nuestra Comunidad Autónoma
no pueden aspirar a decidir su propio futuro porque no se les garantiza una
educación de calidad que les permita desarrollar todas sus capacidades y aptitudes 6 ”.
Es muy significativo el posicionamiento que desde FEAPS y desde el
CERMI se ha realizado respecto del texto final de la reciente Ley Orgánica
8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, que se ha tachado
de inconstitucionalidad precisamente por su no adecuación a lo que
al efecto refleja la propia Convención Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad en cuanto que ésta, como viene estableciendo
nuestro Tribunal Constitucional, en tanto que tratado internacional, asumido
por nuestro país y que opera en el ámbito de los Derechos Humanos,
ha de orientar y constituir elemento auténtico básico para la redacción,
interpretación y aplicación de las leyes internas 7 .
Como se recoge en dicho informe:
“El derecho a una educación inclusiva se ve conculcado por la legislación educativa
que establece la posibilidad de escolarización obligatoria del alumnado con necesidades
educativas especiales en colegios de educación especial en virtud de una
resolución administrativa en contra de la voluntad de alumno o sus representantes
legales. Esta escolarización forzosa separada del resto del alumnado podría considerarse
contraria al artículo 14 de la Constitución por discriminatoria pues solo es
aplicable a alumnos con discapacidad o con trastornos graves de conducta”.
Es más, el propio Comité de Derechos reflejó en el Informe del Estado
español en 2011, la inadecuación de la legislación educativa española y la
preocupación con que comprobaba como los padres carecían de una respuesta
o mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la educación
inclusiva de sus hijos 8 .
6
Defensor del Menor en Andalucía. Informe Especial al Parlamento, noviembre
2010.
7
“el Pacto no sólo forma parte de nuestro Derecho interno, conforme al art. 96.1
CE, sino que además, y por lo que aquí interesa, las normas relativas a los derechos
fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución deben interpretarse
de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE); interpretación que no puede
prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos
mismos tratados y acuerdos internacionales (STC 81/1989, de 8 de mayo, FJ 2)”.
8
“43. […] El Comité observa con preocupación que los padres que rechazan la
inclusión de sus hijos con discapacidad en programas especiales de educación no
tienen ninguna posibilidad de apelar, y que su única alternativa es educarlos por