Actas del Congreso

264 Manuel Ángel Benito Jiménez
que posibilitó una ley tan compleja y amplia como la Ley 13/1982 de 7 de
abril de Integración Social del Minusválido, donde figuran por primera
vez los conceptos vigentes en la actualidad de Integración y Normalización
como principios fundamentales para una intervención ajustada socialmente
al colectivo de personas con discapacidad.
Durante la década de los 80 y 90, estuvo vigente la ley anteriormente
citada posibilitando un desarrollo normativo en las diferentes áreas (salud,
educación, servicios sociales…) impensables unos años antes. Es en año 99
con la Ley 1/1999 de 31 de marzo de atención a personas con discapacidad
de Andalucía donde nos encontramos con un esfuerzo para actualizar y
regular en nuestra comunidad autónoma la situación del colectivo recogiéndose
en su artículo 16.2 lo siguiente:
El alumnado con necesidades educativas especiales que curse estudios universitarios
podrá realizarlo con las adaptaciones que se consideren necesarias en determinadas
materias o prácticas, cuando por limitación de sus capacidades éstas planteen
dificultades especiales y siempre que tales adaptaciones no impidan alcanzar un
desarrollo suficiente de los objetivos generales previstos para estos estudios, ya sean
de ciclo medio o largo.
La importancia de este artículo quizás esté en expresar la necesidad
de que los medios de apoyo y de atención personalizada que estos alumnos
han venido recibiendo a lo largo de la escolarización esté disponible
también en el ámbito universitario para facilitar y culminar el proceso de
formación.
En 1999 de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.)
se extraían las siguientes conclusiones: “Se ha mejorado el nivel de estudios
pero no ha disminuido la diferencia entre personas con y sin discapacidad,
teniendo un 59% menos de posibilidades que las personas sin discapacidad
de tener estudios medios y superiores”. (Fuente: Encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y estados de salud, I.N.E., 1999)
La Ley Orgánica de Universidades (L.O.U.) de 6/2010 de 21 de diciembre,
en el artículo 46 reconoce la no discriminación por razón de discapacidad
y los derechos a la información y orientación en las actividades que
le afecten, así como al asesoramiento y asistencia por parte de tutores y
profesores de la forma que se determine.
Entendemos estos presupuestos como un avance para los estudiantes
con discapacidad en el ámbito universitario reconociendo unas necesidades
que estaban presentes en un colectivo que se enfrentaba con los retos
propios de una nueva etapa de estudios y una realidad personal frecuentemente
ignorada.