Actas del Congreso

48 Rafael de Lorenzo García
del no nacido es menor, menos ventajosa, por tanto, cuando existe una
discapacidad en el feto. Hasta las 14 semanas de gestación, la decisión de
abortar no está asociada a la acreditación previa de ningún estado o situación,
sino que es libre. A partir de esa semana, y hasta la 22, la interrupción
del embarazo ya no es libre y sólo se permite en ciertos supuestos (“causas
médicas”), uno de los cuales es el de la presencia de una discapacidad grave
(“riesgo de graves anomalías”, en la terminología de la Ley) en el feto.
Siguiendo estrictamente los mandatos de la Convención, la discapacidad
nunca puede ser un hecho relevante que permita o determine tratos desiguales
contrarios a los derechos de las personas con discapacidad.
El Comité recomendó a España en 2011, que suprimiera la distinción
hecha en la Ley Nº 2/2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite
que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente.
Sin embargo el comité no entra a valorar si existe discriminación y
mucho menos si existe “aborto eugenésico” como se planteaba.
Mis argumentos en contra de esta tesis son los siguientes:
– En primer lugar hay que dejar constancia que la Convención no se
pronuncia sobre este hecho y, tan solo, hace alusión a la salud sexual
y reproductiva cuando se prohíbe la esterilización de las mujeres menores
de 18 años, prohibiéndola taxativamente hasta los 18 años y a
partir de ahí, previo consentimiento informado de las mujeres con
discapacidad.
– Hay que saber de los antecedentes de la Convención, en particular
los relativos a su artículo 10, que hubo una frustrada iniciativa nipona
en el sentido de extender explícitamente al nasciturus, hipotéticamente
discapacitado, todos los beneficios previstos en dicha
Convención, pero entonces los Estados y la Convención remitieron
la cuestión a la opción de cada Estado. Allí donde se estime que el
nasciturus es titular de un derecho a la vida habrá de extendérsele la
protección de la Convención y la solución será la contraria si no se le
considera como tal sujeto.
– Aunque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha
afirmado que “el derecho a la vida no debe ser interpretado restrictivamente”
(CDHNU, Observación nº 6) es cierto que las normas, la
jurisprudencia y la práctica internacional remiten la cuestión del comienzo
de la vida y de la titularidad a la misma a la decisión de cada
Estado.