Actas del Congreso

32 Rafael de Lorenzo García
Entrando con algún mayor detalle los principales instrumentos jurídicos,
sin ánimo de exhaustividad, son los siguientes:
– Tratado de Ámsterdam, que introdujo en el Tratado de la Unión
Europea una disposición explícita, en su artículo 13, sobre la lucha
contra la discriminación en diversos ámbitos, entre otros las discapacidades.
– La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada
junto al Tratado de Niza, que ha comenzado a surtir plenos
efectos jurídicos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y
que prohíbe la discriminación y reconoce el derecho de las personas
con discapacidad de beneficiarse de medidas que favorezcan su integración.
– La Comunicación de la Comisión Europea, refrendada por el Consejo
en diciembre de 1996, sobre “Igualdad de oportunidades de las
personas con minusvalías. Una nueva estrategia comunitaria en materia
de minusvalías” y la Comunicación de la Comisión del año 2000
titulada “Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad”.
– Y, sobre todo, la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación, que ha sido transpuesta al Derecho
español mediante la Ley 62/2003.
– El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009,
proporciona el marco jurídico y los instrumentos necesarios para hacer
frente a los retos del futuro y dar respuesta a las exigencias de los
ciudadanos introduciendo importantes novedades entre las que se
pueden destacar, entre muchas otras:
• El artículo 6 del Tratado hace un reconocimiento expreso de los
derechos, libertades y principios establecidos en la Carta Europea
de Derechos Fundamentales, otorgándole el mismo valor que los
Tratados de la UE, es decir, que es jurídicamente vinculante. Los
artículos 21 y 26 de la citada Carta prohíben la discriminación por
razón de la discapacidad, junto a otras y explícitamente reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse
de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y
profesional y su participación en la vida de la Comunidad. Nunca
hasta ahora este reconocimiento había sido tan expreso.