Actas del Congreso

542 Isabel Palomino Díez
didad que ninguna persona con discapacidad será objeto de agresiones
ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad
tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o
agresiones.
Aunque es cierto que la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad no estaba vigente en el momento en que sucedieron
los hechos 3 , se pretende hacer, a la luz de la misma, una nueva
lectura de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de
diciembre de 2013, que ha valorado como intromisión ilegítima en el
honor e imagen, la entrevista hecha en el programa “Crónicas Marcianas”
a una persona con discapacidad física y psíquica. Entendemos que
supuestos como éste deben ser objeto de resolución en el futuro con
base en la Convención, que exige una adaptación normativa de la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; demandando
también, pese a su carácter de autorregulación, que los medios de comunicación
potencien en sus normas deontológicas el respeto debido a las
personas con discapacidad.
2. El relato de los hechos
La lectura de todas las resoluciones judiciales dictadas en el caso nos
ha servido para acercarnos a la realidad de lo ocurrido 4 , que tratamos de
sintetizar a continuación en varios puntos:
– El día 16 de octubre de 2002 se emitió en Telecinco, en el programa
de televisión “Crónicas Marcianas”, dirigido por Don Francisco
Javier Sardá Tamaro, la entrevista realizada por el periodista
colaborador Don Javier Cárdenas Pérez a Don J.C.H.A. La entrevista
se realiza en directo 5 , en la terraza del Hotel Semiramis en
3
Y así lo estimó la sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de diciembre de
2013.
4
En cualquier caso, es posible aún ver en Internet la entrevista en cuestión —“La
entrevista por la que han condenado a Crónicas Marcianas” (Consultado el 15 de
mayo de 2014)—.
5
El hecho de que estemos ante un programa en directo hace que la revocación del
consentimiento prevista en la Ley Orgánica 1/1982 se revele como ineficaz para
proteger a quien ya está siendo ridiculizado en aquel instante ante millones de
espectadores (Cabezuelo Arenas, 2010: 177).