Actas del Congreso

576 Joaquín María Rivera Álvarez
bién se encuentra esta identidad en las propias definiciones; así el derecho
a la vida independiente esta conectado en la acción político/legislativa y
administrativa que permita a las personas con discapacidad vivir en la comunidad.
De la misma manera, el derecho a la promoción de la autonomía
es visto como medio para satisfacer “las necesidades de apoyo para la
autonomía personal”; consistiendo éstas, según el Art. 2.1 y 2.4 de la Ley
39/2006, las que requieren las personas “para hacer efectivo un grado satisfactorio
de autonomía personal en el seno de la comunidad”: cuando habla
de la autonomía, ésta es vista como “la capacidad de controlar, afrontar
y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir
de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar
las actividades básicas de la vida diaria”. Si se compara con la definición de
vida independiente del Art. 2.h) del RDLeg 1/2013, aparece claramente su
identidad: “es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el
poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la
vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
Como se ve, la autonomía se centra en el sujeto y su capacidad, la
vida independiente en la situación real y el ejercicio de la capacidad, pero
ambas definiciones están plenamente conectadas funcionalmente al servir
al propósito de la consecución de un desarrollo de la personalidad libre
—valor concretado en nuestra Constitución, Art. 10.1—. De forma que se
impone la necesidad de existencia de políticas públicas de defensa de las
personas constitucionalmente designadas como “disminuidas” en el Art.
49 de la C.E.; lo que conlleva recabar los obstáculos y promover el mismo,
para permitir que el sujeto con discapacidad pueda tomar sus propias decisiones
(Art. 6 de la RDLeg 1/2013).
La creación de la Convención es producto, a decir de la doctrina 1 , de
los diversos procesos de positivización, generalización, expansión, internacionalización
y especificación de los derechos humanos en el Derecho
Internacional público. Es por lo tanto norma jurídica, con independencia
de que nuestro legislador nacional ya había incorporado genéricamente
sus valores, principios y derechos en nuestra Constitución o en la legislación
interna—. Lo cual se ha hecho a partir del mandato de la Disposición
Final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto; por el que se ha dictado
un Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
1
Squella, A.: “¿Qué puesto ocupan los derechos humanos en el Derecho?”, en
Squella, A.-López Calera, N., Derechos humanos: ¿invención o descubrimiento?, Madrid,
Fundación Coloquio Jurídico Europeo (2010), pág. 48.