Actas del Congreso

610 Elva Rodríguez Ruiz
de empleo según su Convenio colectivo, por todo ello se puede concluir
que las políticas de fomento del empleo de las personas con discapacidad
se alejan del mandato legal de la Convención y están más vinculadas al empleo
protegido que al ordinario.
Del Informe del año 2013 del Observatorio de enfermedades profesionales
y enfermedades causadas o agravadas por el trabajo se desprende la
escasísima alta laboral con propuesta de cambio de trabajo (un 0,21%). Los
procesos que acabaron en 2013 con propuesta de invalidez representan el
4,29%, es decir por cada propuesta de cambio de trabajo se producen trece
incapacidades permanentes. A ello puede contribuir la escasa asignación
para la adaptación del puesto de trabajo (901,52 euros).
Otro factor que puede favorecer dicha situación es la disminución paulatina
de las ayudas y subvenciones para la inclusión laboral de personas
con discapacidad en empresas ordinarias desde su inicio, teniendo en
cuenta el importe de las subvenciones y el coste total del trabajador cubierto
por estas, se ha pasado de una subvención que cubría el 58 por ciento
en 1983, el 27 por ciento en 1999 a un 20 por ciento en 2011, así como de
una bonificación a la cuota de la Seguridad Social que cubría entre el 70 y
el 90 por ciento de las cuotas empresariales a otra en 2012 que cubre, en el
mejor de los casos —que sería en la hipótesis de trabajadores con discapacidad
severa mayores de 45 años—, algo menos del 50 por ciento.
El desarrollo reglamentario de los distintos textos legislativos que promueven
el empleo de las personas con discapacidad se dirigen en sentido
contrario al espíritu que impregna la Convención de las Naciones Unidas
sobre los derechos de las personas con discapacidad, puesto que por un
lado dificultan el trabajo ordinario de las mismas y, por otro, por la falta
inversión decidida en la adaptación de los puestos de trabajo.