Actas del Congreso

596 Victoria Rodríguez-Rico Roldán
un porcentaje insuficiente si se compara con el entorno europeo. Dicho
cómputo se realiza sobre la plantilla total de la empresa correspondiente,
cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquélla y cualquiera
que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de
la empresa. Igualmente, se estiman incluidos en dicho cómputo los trabajadores
con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando
servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos
de puesta a disposición que las mismas hayan celebrado con empresas de
trabajo temporal.
Sin embargo, la norma establece una excepción digna de crítica, y es
que tanto las empresas públicas como privadas pueden quedar exentas de
la obligación de cuotas de reserva, de forma parcial o total, bien a través de
acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal
y, en su defecto, de ámbito inferior, bien por opción voluntaria del empresario,
debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en
ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen
reglamentariamente. A este respecto, no resulta costoso advertir que se
corre el riesgo de que la autonomía individual o la colectiva puedan dejar
sin efecto una medida tan intrínsecamente vinculada al derecho al trabajo
de estas personas como es el establecimiento de cupos de reservas.
Continuando en el ámbito de los cupos, el art. 42.2 del Real Decreto Legislativo
1/2013 dispone que “en las ofertas de empleo público se reservará
un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad, en los términos
establecidos en la normativa reguladora de la materia”. Esa normativa no
es otra que la contenida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público. En concreto, la norma legal dispone que, en el
ámbito de la Administración, las ofertas de empleo público deben reservar
un mínimo de un siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por
personas con discapacidad 10 , condicionado a la superación de los procesos
selectivos y a la compatibilidad con el desempeño de tareas, de modo que
progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en
cada Administración Pública.
En coherencia con lo anterior, el art. 4 del Real Decreto 228/2014, de
4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2014 respeta la reserva de un 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser
cubiertas por personas con discapacidad, especificando que la misma se
10
Con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 26/2011, el porcentaje establecido
era del 5 por ciento.