Actas del Congreso

156 Patricia Cuenca Gómez
ingresos no pueden basarse en condiciones personales sino en situaciones
de necesidad objetiva —terapéutica, asistencial o de seguridad pública—
definidas de un modo neutral en relación con la discapacidad y las
deficiencias. Y su regulación debe reconducirse a la legislación general
aplicable a las personas con y sin discapacidad que resulte pertinente en
función de cada situación y abordarse de conformidad con los principios
propios de cada ámbito normativo interpretados de conformidad con la
CDPD (CERMI, 2010 y 2012 e Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé
de las Casas”, 2012).
Como ha señalado el Real Patronato sobre Discapacidad, la actual legislación
sanitaria ofrece un marco adecuado para abordar de manera normalizada
y de acuerdo con el principio de autonomía del paciente los ingresos sin
consentimiento por razones de protección de la salud (que incluirían la protección
salud mental) en situaciones en las que existe un riesgo grave para la
salud pública o para la integridad física o moral de las personas. Asimismo, la
regulación de las situaciones en las que podría considerarse justificada la institucionalización
de una persona sin su consentimiento debido a una necesidad
grave de atención y cuidado debería acometerse en la legislación asistencial de
nuevo en sintonía con el principio de promoción de la autonomía personal.
En ambos supuestos el ingreso involuntario debería configurarse como
una práctica absolutamente excepcional por varias razones. En primer lugar,
porque se trataría de una medida de urgencia orientada a evitar un
daño inminente y —salvo en casos de protección de la salud pública— sólo
estaría justificada cuando la persona esté en una situación que le impida
expresar o conformar su voluntad (situación que al menos en el caso de
las personas con discapacidad deberían determinarse tras la provisión de
los apoyos y ajustes necesarios). En segundo lugar, porque deberían implementarse
medidas alternativas —tratamientos ambulatorios y recursos
sanitarios y asistenciales— que permitieran a las personas en estas situaciones
de necesidad terapéutica o asistencial, incluidas las personas con
discapacidad, continuar viviendo en comunidad. La adopción de un ingreso
involuntario —como último recurso— debería rodearse de todas las
garantías lo que implicaría incorporar en la normativa correspondiente y
robustecer algunas de las previsiones ahora incluidas en el 763.
Finalmente, la definición y tratamiento de las situaciones en las que el
riesgo para la seguridad pública (al que comúnmente se alude apelando a
la condición personal de la peligrosidad) podría justificar una privación de
libertad deberían ser reconducidas a la legislación penal, lo que supondría
la operatividad de las vigorosos principios y garantías propios de este ámbi-