Actas del Congreso

El acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, exigencias de la Convención
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el que se establecen medidas de protección de la víctima menor de edad o con
discapacidad, en los casos de que se investigue un delito de los mencionados
en el artículo 57 CP. Tales medidas podrán consistir en: a) suspensión de la
patria potestad de alguno de los progenitores, pudiendo fijar un régimen de
visitas si fuera beneficioso para el menor o la persona con discapacidad; b) suspensión
de la tutela, curatela, guarda o acogimiento; c) establecer un régimen
de supervisión del ejercicio de la patria potestad, tutela o de cualquier función
tutelar; d) suspender o modificar el régimen de estancia, relación o comunicación
con el no conviviente u otro familiar que se encontrara en vigor.
Si bien estas medidas cautelares personales se valoran como adecuadas
para una mejor protección del menor o de la persona con discapacidad,
la previsión de su mantenimiento una vez concluido el procedimiento, en
atención al interés del menor o de la persona con discapacidad debería ser
precisada, delimitando su duración al tiempo imprescindible para poner
en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación a fin de que inste en la
jurisdicción civil las medidas de protección que estime adecuadas.
Anteproyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita. Establece su artículo 26
Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida dimensión de
la actividad no sea necesario, contarán con un turno de guardia permanente para
la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido y otro para la prestación
de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las víctimas de
violencia de género, trata de seres humanos y de menores de edad y persona con
discapacidad intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de situaciones de
abuso o maltrato.
Por otro lado, entre los supuestos que darán derecho a la justicia gratuita
se incluyen también aquéllos en los cuales los costes derivados de la
iniciación del proceso puedan ser elevados en atención a las circunstancias
del solicitante, garantizándose que el importe de la tasa judicial no sea un
impedimento para el acceso a la tutela judicial efectiva. Se prevé igualmente
ese reconocimiento excepcional en base a las circunstancias de salud del
solicitante, así como a las personas con discapacidad para todos aquellos
procesos que guarden relación con las circunstancias que motivan este reconocimiento
excepcional. Se amplía el ámbito subjetivo de reconocimiento
del derecho a determinados colectivos que se consideran especialmente
vulnerables más allá de lo establecido en la citada norma europea. Así, con
independencia de la insuficiencia de recursos para litigar, se reconoce el
derecho con carácter general a todas las víctimas de violencia de género, de
terrorismo y de trata de seres humanos, en todos aquellos procesos que tengan
vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas,
así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad intelectual