Actas del Congreso

La legislación y las políticas públicas desde la perspectiva de la Convención
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nadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas
y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños
y las niñas con discapacidad 5 , a través de las organizaciones que las representan”.
Garantizar la participación efectiva comienza por reconocer, fomentar
y proteger el derecho de sufragio sin discriminación por razón de discapacidad
y en este sentido existe una vulneración de la Convención en la
legislación vigente.
Pero es además importante que se formalicen procedimientos vinculantes
de consulta tanto a nivel estatal como autonómico, desde el momento en que
las políticas y las legislaciones comienzan a diseñarse, porque de ello dependerá
en gran medida que adopten una verdadera perspectiva de la Convención.
En conclusión, podemos decir que aunque hay una intención declarada
de los poderes públicos para comprometerse con lo dispuesto en la CDPD,
todavía existe una brecha importante en algunas cuestiones que podría
dejar en meros enunciados las disposiciones normativas de lucha contra la
discriminación por razón de discapacidad. Para evitarlo se proponen algunas
medidas que podrían contribuir a mejorar la situación actual:
– Intensificar desde los poderes públicos la formación sobre la Convención,
especialmente de aquellos actores cuyo desempeño profesional
no tienen una vinculación expresa con las personas con discapacidad.
– Incluir dentro de las políticas públicas campañas de sensibilización
social que permitan dar a conocer los contenidos de la Convención.
– Abordar desde la consideración de pacto de Estado la agenda política
de la discapacidad para garantizar el compromiso con la implementación
de la normativa contra la discriminación, y lograr que de
una vez por todas las mujeres y los hombres con discapacidad alcancen
la plena ciudadanía en igualdad de condiciones.
– Garantizar la participación de las personas con discapacidad, de forma
individual y a través de sus entidades de representación, en el
diseño de legislaciones y políticas públicas.
5
Esta referencia a los menores se ve ampliada en el artículo 7.3, que establece que
“Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten,
opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez […] y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad
para poder ejercer ese derecho”.