Actas del Congreso

394 Alba María Hernández Sánchez
para incluir en el sistema educativo formal o informal a todas aquellas personas
que habitualmente se han visto relegadas del sistema educativo presencial
tradicional. El propio Parlamento Europeo ha establecido programas
orientados a la acción en ámbitos de educación a lo largo de la vida.
En concreto, el programa de aprendizaje permanente 2007-2013, recoge
entre sus objetivos el “apoyar el desarrollo de los medios que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación”.
Las expectativas puestas en el medio han sido alentadas por el objetivo
de llegar a toda la población a través de una modalidad flexible y personalizable,
capaz de disminuir los efectos generados por ciertas prácticas
discriminantes e, incluso, de “atajar situaciones de desigualdad y exclusión
social relacionados con las posibilidades que ofrece para la enseñanza y el
aprendizaje” (Fernández, Valverde y Revuelta, 2012:50). Sin embargo, “la
exclusión digital a menudo presenta un efecto acumulativo, donde aquellos
sujetos que sufren una situación de exclusión social pasan a sufrir también
exclusión digital” (Planella y Rodríguez, 2004: 11). Esta realidad está
generando una alarmante situación que precisa de un compromiso social y
político que apueste por el diseño universal de los espacios e intercambios
donde todos y todas tengan cabida, ya que “los resultados de investigación
ponen de manifiesto que en lugar de eliminar barreras, la sociedad digital
está generando nuevas formas de exclusión” (Alba, 2005:44), que se pueden
ejemplificar con datos como el aportado por Boticario, Rodríguez-
Ascaso, Campo, Saneiro y Santos (2008:2) donde explicitan que “solo el
3% de la páginas públicas son accesibles en nuestro país”.
2. La Convención responde a las demandas de la sociedad digital
Las demandas sociales del momento hacían acuciante la redacción de
un documento legal que fuera más allá de prácticas e intenciones locales,
impulsoras de incuantificables beneficios para ciertos colectivos en determinados
territorios, pero incapaces de dar una respuesta adecuada a nivel
internacional. El reconocimiento de los derechos de todas las personas no
puede verse vulnerado por el cumplimiento de normativas que relegan a
ciertos colectivos de la población de forma implícita o explícita.
“Ello, en ciertas ocasiones derivaba en que a las personas con discapacidad se les
negara —aunque no expresamente— el estatus de ciudadanos y ciudadanas titulares
de derechos, convirtiéndolas más bien en objeto de leyes caritativas” (Palacios y
Bariffi, 2007: 26).