Actas del Congreso

550 Isabel Palomino Díez
vierte en garantía adicional para el prestado por los representantes legales
de menores e incapaces (artículo 3.2). Ahora bien, no todos los no judicialmente
incapacitados son igualmente capaces 25 y, sin embargo, hay una
única regulación del consentimiento cuando se trata de mayores de edad
no incapacitados (el citado artículo 2.2). Por eso, una protección legal específica
de las personas con discapacidad con independencia de que estén
o no incapacitados viene exigida por el hecho evidente de que existen
discapacidades incapacitantes en las que los legitimados para ello no han
querido promover la incapacitación, y discapacidades que no lo son porque
las deficiencias físicas o psíquicas de la persona no impiden que pueda
gobernarse por sí misma 26 .
Precisamente, esa protección legal específica del discapacitado en materia
de derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, entendemos
es lo que demanda la Convención de Naciones Unidas y lo que propugnamos
en esta comunicación. Es cierto que el artículo 49 CE constituye el
fundamento jurídico fundamental, y posiblemente suficiente, de la argumentación
de la Sentencia del Tribunal Constitucional para quien los derechos
consagrados en el artículo 18.1 CE han de ser puestos en conexión
con él, lo que “debe conducir a impedir que se lleven a cabo actuaciones
como la aquí descrita sobre personas afectadas de cualquier tipo de discapacidad”
(FJ Quinto).
Ahora bien, frente al artículo 49 CE, que exige a los poderes públicos
que amparen especialmente a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos
para el disfrute de los derechos que el Título Primero de la Constitución
otorga a todos los ciudadanos —entre los que se encuentran, por supuesto,
los que nos ocupan en esta comunicación—, la Convención va más
allá en su artículo 22, concretando el alcance de ese amparo al establecer
que las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la
ley frente a agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. No se debe
utilizar la Convención únicamente como instrumento de interpretación de
normas internas (artículo 10 CE), puesto que aquélla, siéndolo también y
precisamente por ello, exige al legislador modificaciones normativas en
25
Precisamente, la Convención RECONOCE la diversidad de las personas con discapacidad.
26
De hecho, son muchas las personas con una capacidad mental límite que no están
incapacitadas. Además, en este sentido no podemos olvidar uno de los principios
generales de la Convención enunciado en el artículo 3.a): El respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas.