Actas del Congreso

36 Rafael de Lorenzo García
encuentran jurídicamente en clara desventaja en comparación con otros
grupos vulnerables como las mujeres, los niños, los refugiados, que se encuentran
protegidos por Convenciones específicas. El segundo informe
es el elaborado por Gerard Quinn y Theresia Degener titulado Derechos
Humanos y Discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos
de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad del
año 2000, que destaca la invisibilidad a la que se encontraban sometidas
las personas con discapacidad dentro del sistema de derechos humanos
de Naciones Unidas, y que a diferencia de otros grupos, no contaban ni
con un instrumento vinculante de protección específica, ni con el respaldo
de un Comité que velara por la protección de sus derechos de modo
expreso. Si bien las personas con discapacidad, como el resto de personas,
estaban protegidas por los diferentes Tratados temáticos, casi siempre dichas
normas no se aplicaban, o se aplicaban con menor intensidad para
este grupo. Precisamente por ello, era indispensable un Tratado propio
de la discapacidad que no reemplazara a ningún otro, sino que viniera a
reforzar el sistema existente. Asimismo, la posibilidad de elaborar un Convención
específica de la discapacidad vino ampliamente respaldada por el
movimiento de personas con discapacidad quienes venían reclamando un
documento vinculante.
En la cumbre Mundial de organizaciones no gubernamentales dedicadas
a la discapacidad celebrada en Beijing en el año 2000 se plantea,
nuevamente, la necesidad de una Convención específica para la discapacidad.
El documento final de dicha cumbre La Declaración de Beijing sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Nuevo Siglo, sostenía que era
la ocasión perfecta para que las organizaciones no gubernamentales y los
Estados colaborasen en un proceso encaminado a elaborar y adoptar una
Convención temática.
Al año siguiente de la Cumbre de Beijing, en el transcurso del Debate
General correspondiente a la Sesión nº 56 de la Asamblea General, fue
aprobada una Propuesta del Presidente de México que reclamaba la constitución
de un Comité Ad Hoc que pudiese analizar la viabilidad de confeccionar
una Convención que tratase de modo específico los derechos de las
personas con discapacidad. Fue así como la Asamblea decide establecer
un Comité Especial encargado de analizar desde una perspectiva integral
y global los ámbitos del desarrollo social, los derechos humanos y lucha
contra la discriminación, y en el que pudiesen participar tanto los Estados
Miembros como los propios observadores de Naciones Unidas.