Actas del Congreso

592 Victoria Rodríguez-Rico Roldán
de las donaciones y acciones de patrocinio recibidas de las empresas por
fundaciones y asociaciones de utilidad pública, como medida alternativa al
cumplimiento de la obligación de reserva de empleo a favor de las personas
con discapacidad.
También en el ámbito de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social ha redactado el apartado tercero
de su art. 15, al objeto de configurar como infracción grave el incumplimiento
en materia de integración laboral de personas con discapacidad
de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con
discapacidad.
3. El ajuste general de la normativa española a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su incidencia en el
derecho al trabajo
Si amplio resulta a todas luces el propósito de integración laboral del
colectivo discapacitado, igualmente amplia debe ser la estrategia a implementar
para su consecución. En este sentido, las diversas medidas acometidas
a fin de adaptar el ordenamiento jurídico español al contenido de la
Convención se han traducido muy señaladamente en políticas activas de
empleo. A través de éstas, se trata de hacer frente a cuantiosos desafíos,
entre los que destaca la alta segmentación del mercado laboral para las personas
con discapacidad. No en vano, y según se ha puesto de evidenciado,
frente a un pequeño núcleo de personas en una situación de ocupación
estable, existe un grupo más amplio de personas con notables dificultades
de acceso al mercado laboral, que alternan situaciones de empleo precario
y desempleo, así como un grupo mayoritario de personas que carecen de
cualquier relación con el mercado laboral. La solución a dicha segmentación
pasa ineludiblemente por la mejora de la calidad del empleo y de la
protección en los periodos de transición, junto al impulso de las políticas
de formación y aprendizaje permanente 5 .
Los compromisos internacionales asumidos por España al ratificar la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se tradujeron,
desde el plano laboral, en la adopción de una Estrategia global de
acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, aprobada
5
Informe Olivenza 2010, Observatorio Estatal de la Discapacidad, pág. 251.