Actas del Congreso

568 Mª Asunción Rancaño Martín - Carmen Almagro Martín
Sin embargo, el mismo precepto admite que “no obstará a tal calificación
la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si
dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo”.
Para que opere esta exención, el legislador pone como condición la
concurrencia de dos circunstancias: en primer lugar es necesario que la
prestación tenga su origen en la situación de incapacidad permanente absoluta
o gran invalidez del contribuyente; y, en segundo lugar, la prestación
debe estar reconocida por la Seguridad Social o por las entidades que la
sustituyan. No tienen cabida dentro de este supuesto, por ejemplo, las prestaciones
por incapacidad permanente resultantes de un plan de pensiones,
o los complementos de prestaciones por invalidez satisfechos por las propias
empresas.
En cuanto al primero de estos requisitos, y según el TRLGSS (art. 137),
la incapacidad puede ser temporal o permanente, dividiéndose esta última,
a su vez, en cuatro grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez.
Si bien, la LIRPF se refiere exclusivamente a la exención de las prestaciones
por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, resulta conveniente
comentar qué ocurre cuando el contribuyente percibe otras prestaciones,
empezado por la derivada de la incapacidad temporal. Podemos
definir esta situación como aquella en la que se encuentra el trabajador
que, debido a una enfermedad (ya sea común o profesional) o a un accidente
(sea o no de trabajo), está temporalmente incapacitado para trabajar
y precisa asistencia sanitaria. El trabajador en situación de incapacidad
temporal tendrá derecho a percibir una prestación o subsidio económico.
Estas prestaciones, cualquiera que sea su cuantía, tributarán por el IRPF,
salvo que la incapacidad temporal se transforme en permanente absoluta
o gran invalidez. Siendo así, parece lógico que el trabajador pueda solicitar
la devolución de los ingresos indebidos efectuados a la Hacienda pública
desde la fecha en que se produjo la citada transformación, según se determine
en la resolución del tribunal médico interviniente.
En cuanto a la incapacidad permanente parcial será aquella que, ocasionando
un grado de discapacidad superior al 33%, no impide al individuo
realizar las tareas propias de su oficio. Las personas en situación de incapacidad
permanente parcial tienen derecho a reincorporarse a su puesto de
trabajo. Sin embargo, el empresario podría optar por reducir su retribución
en proporción a la limitación que padece el trabajador. La prestación
económica percibida será una renta sujeta y gravada por el IRPF, si bien, y
por tratarse de una prestación percibida del régimen público de la Seguridad
Social en forma de capital, gozará de la reducción del 40% prevista en