Actas del Congreso

234 Ángeles Carmona Vergara
En este punto, el informe del CGPJ apunta lo siguiente: “Con estos antecedentes,
el internamiento de un inimputable o semiinimputable en un
centro psiquiátrico o en centro educativo especial, que se viene a regular
en el anteproyecto en el artículo 98, podrá serlo por cualquier delito,
también por aquellos que no estén sancionados en abstracto con pena de
privación de libertad, basándose simplemente en el peligro que supone
para la sociedad. Es cierto que el antes comentado artículo 95.2 reclama
la proporcionalidad de la medida, entre otros con el hecho, pero nada
impide con la regulación que hace el Anteproyecto, que el ingreso en un
centro psiquiátrico lo sea por hechos leves y por hechos sancionados, por
ejemplo, con pena de multa; posibilidad que, en principio, se presenta
como preocupante por su, a priori, desproporcionalidad”.
Dispone el número 3 del art. 98 que “el internamiento en centro psiquiátrico
no podrá tener una duración superior a cinco años”, añadiendo a
continuación “salvo que se acordase su prórroga”, que será por otros cinco
años y a su término podrá ser nuevamente prorrogada sucesivamente, de
manera que podría alcanzar la vida entera del enfermo mental, convirtiéndose
de facto en un internamiento a perpetuidad.
Se establece que la prórroga solo se acordará si así lo solicita la Junta de
Tratamiento, de manera que queda en manos de Instituciones penitenciarias
la decisión de poner término o no a la medida al término del plazo,
sustrayendo al Juez o Tribunal la posibilidad de si, aprecian que persiste
una peligrosidad en el sujeto que haga necesaria la medida de seguridad
impuesta por ellos, puedan acordar su continuación. Si no hay una solicitud
de la Junta de Tratamiento interesando la continuación, aun cuando
el Juez o Tribunal considerasen necesaria la medida, estarían obligados a
declarar su extinción.
Cuando se extinga el internamiento, deberá imponerse al sujeto una
medida de libertad vigilada, salvo que no resulte necesaria. Libertad vigilada
tendrá una duración mínima de tres años y máxima de cinco, pero es
asimismo prorrogable por plazos sucesivos de hasta cinco años, no estableciéndose
tampoco aquí límites de prórroga.
Es obligada la revisibilidad de la medida de seguridad de internamiento,
cuando lo pidan los servicios de gestión de penas y medidas de seguridad
o el sometido a la medida, a quien se le podrá fijar un plazo en el cual
no se dará curso a sus peticiones de revisión (art. 103.3 y 105.3).
Ante esta regulación, que consideramos debe ser subsanada, las posibilidades
de que el sometido a la medida sea oído en esa revisión, así como el
Ministerio Fiscal y las partes, quedan al libre albedrío del Juez o Tribunal,