Actas del Congreso

644 Encarnación Serna Meroño
recaer sobre el cuerpo humano, presupuestos estos de los que se deriva la
imperatividad de los deberes del médico que, como principio general, no
pueden ser derogados ni cambiados sustancialmente mediante pacto (Ataz
López (1985: 165).
Las mujeres con discapacidad intelectual plantean especiales dificultades
para poder ser usuarias de técnicas de reproducción asistida, ya que el
presupuesto esencial para su práctica es que la mujer, en todo caso, preste
su consentimiento libre y consciente. Para poder cumplir con este requisito
es imprescindible que las deficiencias de carácter psíquico sean compatibles
con que la mujer comprenda toda la información que el equipo
médico le va a proporcionar de manera obligatoria sobre los tratamientos
a seguir. En todo caso, esta circunstancia exige que la información y el asesoramiento
se deban de prestar a la mujer en las condiciones adecuadas y
con formatos accesibles apropiados a sus necesidades.
Tras el breve repaso a las posibilidades que el ordenamiento jurídico
español brinda a las mujeres con discapacidad para poder ser madres a
través de las técnicas de reproducción humana asistida, quiero hacer una
última reflexión que afecta con carácter general a todas las mujeres, y es
que en un tema tan importante como la maternidad no es fácil liberarse de
la tradición cultural.
Sin embargo, la decisión de ser madre es tan trascendente para la vida
de la mujer que conviene que, en la medida de lo posible, las mujeres
tengan a su alcance todos los medios posibles para hacer realidad su maternidad,
siempre que así lo quiera de manera consciente y voluntaria y
para lograr su objetivo puedan utilizar los procedimientos que estime más
convenientes, ya sean las naturales relaciones sexuales o también las técnicas
de reproducción asistida.
Ahora bien, resulta imprescindible utilizar los mecanismos adecuados
para que la práctica de las técnicas de reproducción asistida se realice siempre
respetando la dignidad de la mujer, y ello solo se logrará en la medida
que se respete no solo su integridad física sino sobre todo su independencia
y el libre desarrollo de su personalidad. La protección del libre desarrollo
de la personalidad es considerada en nuestro texto constitucional como
fundamento del orden político y de la paz social que no puede separarse
de la protección de la dignidad de la persona y de los derechos inviolables
que le son inherentes.