Actas del Congreso

Las modificaciones en la normativa de reconocimiento de la situación de dependencia…
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3.2. A pesar de ello, la realidad de la escasez de recursos y sus dificultades
“no diluyen el mandato radical de la constitución de remover los obstáculos
y promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales
y efectivas para todos 7 ”. Esta interpretación nace claramente de la letra de
los mandatos contenidos en el Art. 9.2, 10.1, 49 y 50 de la Constitución española.
Si bien, a consecuencia de la locación de este último artículo (49 y
50) en un determinado capítulo en nuestra Constitución —dentro de los
principios rectores de la política social y económica—, de su configuración
como principio— imponiendo sólo la obligación de los poderes públicos de
realizar políticas, sin especificar su intensidad—, y de las reglas de garantía
que se establecen —específicamente, la del Art. 53.3 de la C.E.—, no tenemos
los ciudadanos comunes medios directos de control jurisdiccional. Y
ello, en comparación con los llamados constitucionalmente, derechos fundamentales
y libertades públicas —a partir de la redacción del Art. 53.1 y 2
de la C.E—. De forma que inicialmente no tenemos capacidad de respuesta
en este caso en donde es el legislador quien ha sido el responsable de un
retroceso y retardo. Sin embargo, la actitud del legislador nacional es “prima
facie” contraria al derecho a una vida independiente, conforme al Art. 19 de
la Convención, y también del derecho al libre desarrollo de la personalidad
(Art. 10.1 de la C.E.) en relación con la obligación de los poderes públicos a
garantizar la inclusión de las personas con discapacidad (Art. 49 de la C.E.) 8 .
Y ello en cuanto debemos considerar que hay un incumplimiento de “una
obligación negativa de no regresividad 9 ”; obligación reforzada por la creencia
que puede haberse afectado al contenido esencial del derecho; dado que
se plantea que las normas pueden afectar a la consideración de la efectividad
y pertinencia de las medidas.
Por tanto, necesitamos utilizar otras técnicas para evitar que el legislador
ordinario, en base a sus competencias, pueda reducir o diluir el contenido
del mandato constitucional.
sivamente que “nuestro Tribunal Constitucional no ha aceptado el principio de
irreversibilidad de las conquistas sociales”.
7
Peces Barba, G. (2007), “Reflexiones sobre los derechos sociales”, en Alexy, R.,
Derechos sociales y ponderación, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, pág.
92.
8
A la vista de Pisarello, G. (2007), Los derechos sociales y sus garantías, Madrid Ed.
Trotta, pág. 81.
9
Pisarello, 62. También en Abramovich, V.-Courtis, C. (2002), Los derechos sociales
como derechos exigibles, Madrid, Ed. Trotta, págs. 92 a 106, incluyendo dos grandes
grupos: obligación de progresividad y , por otro lado, obligación de no regresividad.