Actas del Congreso

46 Rafael de Lorenzo García
de seguimiento; las personas colaboradoras, tanto del movimiento asociativo
como aquellas que pertenecen a las diferentes esferas jurídicas; y las
noticias publicadas en los diferentes medios de comunicación. Asimismo,
el CERMI sostiene una línea de acción proactiva para la defensa de los derechos
de las personas con discapacidad actuando frente a los organismos
públicos competentes u operadores o personas privadas para vigilar el adecuado
cumplimiento de la Convención.
En la séptima reunión del Comité de Apoyo del CERMI para el seguimiento
de la Convención en España celebrada el pasado 27 de abril de
2014, se constata falta de voluntad política en los poderes públicos españoles
para asumir con intensidad y celeridad los mandatos de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
A dicha conclusión se llega evaluando las implicaciones de algunos de los
procesos legislativos en curso respecto de su impacto sobre los derechos
fundamentales de las personas con discapacidad. En este sentido, se ha
referido al proyecto de reforma del Código Penal, “que podría llegar a
vulnerar gravemente los derechos y principios recogidos en la Convención
si se aprobara sin modificar algunos de sus preceptos”.
Otro de los asuntos analizados ha sido la reciente aprobación de la Observación
General sobre el artículo doce de la Convención que afectaría
directamente al sistema de incapacitaciones judiciales vigente en nuestro
país. Sobre esta cuestión el Comité de expertos de Naciones Unidas ha
dejado claro que la limitación de derechos por razón de discapacidad, aun
cuando exista una “presunción” de falta de capacidad mental para la toma
de decisiones, es incompatible con el Tratado internacional.
Corresponde al Estado garantizar el apoyo para el ejercicio del derecho
y no la sustitución ni la negación del mismo. Explícitamente se hace
referencia a la incompatibilidad con la Convención de la limitación del
derecho de voto, de la esterilización no consentida y de los tratamientos
involuntarios. En el ámbito de participación en los asuntos públicos y concretamente
en el de la Administración de Justicia, los expertos de Naciones
Unidas rechazan la obstaculización en el acceso a las profesiones de juez 14 ,
o a la participación en un jurado popular por razón de discapacidad.
14
El acceso a la carrera judicial ha sido hasta la actualidad un camino vedado para
determinados tipos de discapacidad y señaladamente en caso de ceguera. El artículo
301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en las convocatorias
para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5% de las
vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o supe-