Actas del Congreso

Grandes cuestiones pendientes en el ordenamiento español…
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cación). Aunque se recogen los principios de normalización e inclusión,
subsisten algunas fricciones muy importantes:
– La ley ampara que la inclusión no llegue a todos. El acceso a la educación
inclusiva en centros ordinarios está condicionada a las características
de los niños y a las medidas de atención a la diversidad
existentes en los centros educativos (artículo 74.1 LOE y normas de
desarrollo).
– Faltan garantías en la asignación de recursos (utilización de criterios
“económicos”).
– Apoyos menos flexibles y personalizados de lo necesario, faltan garantías
en la formación del profesorado y en la colaboración con
otras entidades para la inclusión.
Estos defectos se reproducen en general en la normativa autonómica y
no fueron corregidos o al menos aludidos en la Ley 26/2011 de 1 de agosto
de adaptación normativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), lejos de llevar a cabo la adaptación conforme a
lo señalado por el Comité Internacional en su examen de 2011, constituye
un retroceso en el derecho a la educación inclusiva. Esta Ley, que ha modificado
la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, debería haber sido la que
hubiera incorporado plenamente el derecho a la educación inclusiva proclamado
por el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los derechos
de las personas con discapacidad.
En estos años desde la entrada en vigor de la Convención el 3 de mayo
de 2008, la legislación española no se ha adaptado, tal y como ha reconocido
la Defensora del Pueblo en su informe de 2012, Defensora ante la cual
el CERMI solicitó que presentara recurso de inconstitucionalidad contra la
LOMCE. Esta no adaptación, unida a los retrocesos en inclusión, vulneran
los artículos 14 y 27 de la Constitución Española.
Los aspectos que deberían haberse adaptado son los siguientes:
1) Supresión de la escolarización forzosa en educación especial.
En España a día de hoy, el derecho a una educación inclusiva se ve conculcado
por la legislación educativa que establece la posibilidad de escolarización
obligatoria del alumnado con necesidades educativas especiales
en colegios de educación especial en virtud de una resolución administrativa
en contra de la voluntad de alumno o sus representantes legales. Esta es-