Actas del Congreso

362 Javier García Medina
elige a su víctima en función de lo que es o parece ser, de manera que al
patente elemento discriminatorio se añade el mensaje humillante de que
una característica no elegida por la víctima sirve para hacer pensar que sus
derechos tienen mucho menos valor. Lo cual puede incitar a otros a actuar
de la misma manera.
Si bien la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europa (2008/913/JAI),
circunscribe los delitos de odio a los motivados por la raza, el color, la
religión, la ascendencia u origen nacional o étnico, el informe “Mettre
en évidence les crimes de haine dans l’Union européenne: reconnaître
les droits des victimes” de la FRAP, incluye a las personas con discapacidad
como víctimas del lenguaje y de los delitos de odio. Además se señala
que muchos países en las definiciones penales para la protección contra
la discriminación han incluido la discapacidad. Es el caso del artículo 510
del Código Penal español, que expresamente recoge la referencia a las
personas con discapacidad (utilizando el término minusvalía) como grupo
protegido por este tipo penal, ya que prohíbe todo acto de discriminación,
odio o violencia contra ellos. Pero no es esa la situación en todos los países
de la Unión Europea, además existe una laguna en la toma de datos que
puede provocar que las víctimas de los llamados “crímenes de odio” no
encuentren la oportuna reparación. Esta “cifra oscura” en buena medida
viene determinada por la desconfianza que los propios individuos y grupos
vulnerables tienen hacia estos tipos delictivos poco concretos, no comunicando
los hechos a las autoridades, las cuales, a su vez, se encuentran con
la dificultad de interpretar adecuadamente una conducta como “crimen
de odio”.
El hecho de que no se haya sustanciado ningún caso aún ante los tribunales
españoles, no supone que haya que deducir que el riesgo del que se
habla en el ámbito regional europeo no se dé en la sociedad española, sino
que precisamente se ha de estar muy vigilante e incidir en programas de
prevención de diferente tipo y en distintos ámbitos.
Desde Unicef en el “Informe Mundial de la Infancia 2013. Niños y niñas
con discapacidad”, se abordan los malos tratos, revelando que los niños y
niñas en edad preescolar y en edad joven, están más expuestos a padecer
malos tratos por los demás niños sin discapacidad y por los adultos. Urge este
informe a que aquellos niños y niñas con discapacidad que estén ingresados
en instituciones reciban una especial atención al entender que se deben considerar
como un grupo de alto riesgo a padecer violencia y cuya detección es
fundamental. La institucionalización según la organización Disability Rights