Actas del Congreso

Discapacidad intelectual sobrevenida: proliferación de herramientas jurídicas…
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41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas
con discapacidad; y las otras dos (instrucciones previas y representante del
paciente) nacen un año antes, por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.
2.1. Cuatro herramientas al servicio de la autodeterminación del sujeto
Cada una de estas cuatro herramientas es un adjetivo a un sustantivo
que es la persona y su identidad. Cada una de ellas nos habla de cómo se
busca la identidad de la persona, que la persona se diga, en cada una de
sus manifestaciones. Y todo ello partiendo de un principio de orden público
como es el de la autodeterminación del sujeto y de un enfoque de
interpretación que ha de ser la flexibilidad ya que con ellas se permite a la
persona sortear de alguna manera las consecuencias del deterioro de sus
facultades cognitivas y fortalecer su autonomía personal, anticipándose a la
enfermedad y diseñando su propio futuro.
También con las cuatro está presente de fondo la cuestión relativa a la
distinción civil tradicional entre capacidad e incapacitación; la capacidad
se presume y la incapacitación se declara y lleva consigo la representación
legal. Con estas herramientas se busca anticiparse a esa incapacitación o
sortearla tomando decisiones que implican una suerte de representación
también.
La autotutela permite a la persona plantearse su propio procedimiento
de modificación de la capacidad de obrar y designar desde ya a la persona
que él desea que sea nombrada por el juez, cuando ese momento llegue,
para el ejercicio del cargo tutelar que resulte del mismo. La flexibilidad se
muestra en que tal designación puede recaer en una persona física o en
una jurídica —bien de naturaleza privada o pública—; y en que, si bien la
nueva redacción del art. 223.2 CC habla de “designación de tutor” nada
impide que la expresión de voluntad del interesado consista en la exclusión
de alguna de las personas señaladas en el art. 234 CC en orden de
preferencia legal para el ejercicio del cargo (autotutela negativa, prevista
expresamente en las leyes catalana, aragonesa y gallega), ni tampoco que
esa persona que se designa lo sea para el ejercicio de la tutela o de la curatela
(Pereña, 2007: 2244). La autodeterminación en la propia designación
y en que, en el mismo documento se puede también dejar indicadas las directrices
que ordenarán la forma en que desea que se ejerza el cargo, tanto
en lo que se refiere al cuidado de su persona como a la administración de
sus bienes; así como los órganos de fiscalización de esa tutela.