Actas del Congreso

456 Ascensión Leciñena Ibarra
de primera instancia competente la constitución de la tutela de la menor,
subsistiendo mientras tanto la actual guarda de hecho de la parte actora.
También aparece cuando es necesaria la intervención de la persona con
discapacidad en un negocio jurídico o en una actuación obviando la incapacitación
de la persona afectada. Llamo la atención sobre el supuesto de
las personas mayores que sufren enfermedades incapacitantes propias de
la edad que anulan sus capacidades cognitivas. Muchas de ellas se encuentran
bien cuidadas a cargo de un guardador de hecho que cubre todas sus
necesidades salvo las jurídicas cuando puntualmente es necesario que las
mismas presten un consentimiento. O personas con alguna limitación que
les impide entender un concreto negocio pero que son plenamente capaces
para gestionar su vida. Si a todas ellas la única manera de solucionar
su concreto y puntual problema que se les ofrece fuera instar su incapacitación,
la violación de los principios de la Convención no podría ser más
flagrante.
También se presenta la figura a que hacemos referencia en situaciones
en las que la persona presenta una puntual o temporal necesidad y tenga
tal carácter la deficiencia que le afecta.
En general, cabe concluir que con el mantenimiento o la creación ex
novo por la autoridad judicial de la guarda de hecho (derivando con ello
en guarda de derecho), se buscan soluciones que cohabiten con la tutela
o la curatela pero satisfagan necesidades distintas de las que cubren éstas;
un recurso con el que dar respuesta a las concretas necesidades de las
personas con discapacidad, lejos de los procedimientos de incapacitación
parcial o total invasivos de su capacidad de obrar y en clara alternativa a
los mismos.
Mas, por muy sugerente que resulte este planteamiento, de lege data no
se puede ignorar el difícil encaje de esta práctica en nuestra legislación
actual al suponer el ejercicio de funciones tutelares no regladas al margen
del procedimiento judicial contradictorio propio de las mismas, con la supervisión
judicial. Porque aunque el proceder judicial pueda encontrar su
fundamento legal, no se puede olvidar que estas medidas elevan de facto a
la consideración de cargo tutelar a una figura a la que el ordenamiento
jurídico no ha llegado a reconocerle esta categoría.
Por ello, ante la reconocida bondad de la utilización judicial del potencial
de la guarda de hecho con fines tuitivos, creo que el legislador se debería
plantear el reconocimiento de la figura de la guarda de apoyo, por cuya
creación apostamos: así, se conferiría al cargo tutelar de un estatus reconocido
en el tráfico, dotando de seguridad jurídica a los actos celebrados con