Actas del Congreso

La Ley 39/2006 y el Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia…
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La satisfacción de este derecho requiere de un conjunto de inversiones
por parte de los poderes públicos que garanticen el acceso a las prestaciones
y servicios, así como una determinación clara y precisa de éstos. Ahora
bien, precisamente porque afecta al desarrollo de una vida humana digna
y porque se trata de un derecho de carácter universal, es posible extender
esa obligación al conjunto de la ciudadanía (que, por otro lado forman
el Estado), en el sentido de contribuir, al menos, a sufragar los costes del
sistema o de la estructura.
2. La adecuación de la Ley a la Convención
La correcta satisfacción de un derecho como el reconocido por estas
normas exige, además de mecanismos para garantizarlo: (i) tener clara su
justificación y su relación con la accesibilidad; (ii) un manejo de la idea de
situación de dependencia y actividades fundamentales para la vida diaria;
y, (iii) satisfacer esa triple dimensión del componente obligacional. Pues
bien, en estos tres puntos, las discordancias entre la Ley y la Convención
han sido claras desde el principio. Y puede decirse que tal vez las diferencias
en un comienzo eran interpretativas, lo que se habría solucionado con
una especial atención a la cuestión de la toma de conciencia y la formación.
Sin embargo, esto tampoco está en la Ley.
2.1. La importancia de la accesibilidad
Como es sabido, la accesibilidad universal se presenta como una condición
ineludible para el ejercicio de los derechos —en igualdad de condiciones—
por todas las personas (De Asís, R., Aiello, A.L., Bariffi, F., Campoy, I.
y Palacios, A., 2007: 49 y ss.). Se proyecta así en situaciones que exceden el
ámbito de la Ley y que se encuentran reguladas en otras disposiciones normativas.
Pero en todo caso, en la Ley 39/2006, debe tener una proyección
transversal en todas las prestaciones y servicios que contempla.
Y ello es así porque la satisfacción de la accesibilidad constituye uno de
los elementos imprescindibles en la lucha general contra las situaciones
de dependencia. No en vano, la Ley General de Discapacidad dedica su
Capítulo V al “Derecho a la vida independiente”, comenzando su primer
artículo (el 22) haciendo referencia a la accesibilidad.
Además, la relevancia de la accesibilidad, posee una proyección concreta
en la Ley 39/2006 que exige la ampliación del catálogo de prestaciones
y servicios, a través del reconocimiento, como derecho subjetivo, de las