Actas del Congreso

Modificaciones de la normativa sobre propiedad horizontal y articulación…
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blemente compatibles con las características arquitectónicas o históricas
del edificio. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho
de que el resto de su coste, más allá de las citadas doce mensualidades, sea
asumido por quienes las hayan requerido. Por tanto, esta norma aclara
ahora, dando respuesta a una de las dudas planteadas por la doctrina, que,
incluso cuando el propietario solicitante se comprometa a asumir el gasto
que exceda de este límite económico, dichas obras serán obligatorias para
todos los propietarios, y no requerirán acuerdo de la junta de propietarios
para poder llevarse a cabo (González Carrasco, 2013: 11-12).
A pesar de la claridad que esta reforma normativa ha supuesto, sigue
pareciendo paradójico que la regla contenida en esta norma legitime únicamente
a los propietarios, y no así a las personas con discapacidad o a los
mayores de setenta años si no ostentan la condición de propietarios de
pisos o locales del inmueble en régimen de propiedad horizontal. Sobre
esta cuestión ya había llamado la atención, en relación con el texto vigente
desde la aprobación de la ley 51/2003, Miquel González, que destacaba lo
curioso que resulta que la comunidad de propietarios quede obligada a
realizar las obras pero el propietario no está obligado a exigirlas, sea cual
sea la naturaleza de su relación con la persona con discapacidad o el mayor
de setenta años, cuando, por otro lado, el inquilino, empleado o voluntario
que trabaja en el inmueble no puede exigir a su arrendador o empleado
que reclame a la comunidad las obras de accesibilidad (Miquel González,
2011: 309). Por ello, entendemos que la legitimación regulada en esta norma
debe interpretarse de manera amplia, conforme a la finalidad de la
norma.
Con todo, debemos llamar la atención sobre la necesidad de que la persona
con discapacidad tenga residencia estable en el edificio, sin que baste
con que ocasionalmente pueda acceder a él, ni se permita someter a propuesta
una obra de este tipo en previsión de futuro, si nadie lo reclama
actualmente en función de su condición. Además, conviene recordar que
el ámbito de aplicación de esta normativa se limita a los extremos que son
objeto de competencia de la junta de propietarios, esto es, los elementos
comunes. Por ello, si la persona con discapacidad no es propietaria de la
vivienda, la realización de obras o instalaciones en los elementos comunes
no obligará al propietario del piso o local a realizar esas obras u otras
equivalentes en el elemento privativo, esto es, en el interior de la vivienda
o local.
La reforma de 2013 aborda también la cuestión del pago de la contribución
al coste de las obras y nuevas instalaciones obligatorias para la comuni-