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76 Marta Kindelán Bustelo
alguna manera: la exclusión, la segregación y la integración. La exclusión
se produce cuando no se permite al estudiante con discapacidad incorporarse
al sistema de enseñanza, colocándole en un entorno de asistencia
social o sanitaria, sin acceso a la educación. La segregación tiene lugar
cuando los estudiantes con discapacidad son remitidos a centros educativos
especiales, pensados y organizados para responder a una deficiencia
concreta. La integración consiste en que los alumnos con discapacidad
asistan a la escuela ordinaria mientras puedan adaptarse y cumplir los requisitos
normalizados del centro docente. El enfoque de la integración se
centra exclusivamente en reforzar la capacidad del estudiante para cumplir
las normas establecidas.
La insuficiente y deficiente aplicación del principio de la “integración
educativa” dio lugar a que se gestase el concepto de ecuación inclusiva. La
educación inclusiva, en cambio, se basa en la idea de las ‘escuelas para todos’.
Escuelas que incluyen a todo el mundo, celebran las diferencias y responden
a las necesidades de cada cual. No son los sistemas educativos los que
tienen derecho a determinados tipos de niño. Son los niños y adolescentes,
cada uno con sus circunstancias los que tienen derecho a la educación
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
2013: § 5).
La Convención garantiza el derecho a una educación inclusiva en primer
lugar mediante la no discriminación de los estudiantes con discapacidad
en las escuelas convencionales, que tienen derecho a que se efectúen
ajustes razonables para ser admitidos [“cláusula contra el rechazo” del artículo
24.2 a)]; en segundo lugar, mediante la exigencia de un cambio progresivo
del sistema educativo, que comprenda un plan de transformación
para combatir la exclusión y la segregación.
La normativa educativa española proclama la educación inclusiva, pero
a la vez contiene preceptos que no se ajustan del todo a este concepto. La
regulación vigente permite en determinados supuestos la escolarización segregada
de los alumnos en centros específicos, ubicados en ocasiones fuera
de su entorno social. A ello se añade la persistencia de denegaciones por
parte de algunas administraciones educativas de ajustes razonables y apoyos
en virtud de interpretaciones de las normas contrarias a la Convención.
Los ajustes razonables están definidos en la Convención como una medida
contra la discriminación cuyo propósito es garantizar que toda persona
con discapacidad tenga acceso a la educación en el sistema existente en
condiciones de igualdad con los demás. El hecho de no realizar esos ajustes
razonables constituye pues una discriminación contraria a la Convención.