Actas del Congreso

Alternativa desde el punto de vista notarial a la incapacitación a la luz de la Convención
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la autoridad judicial y que no se requiere pública subasta para la enajenación
de los bienes que lo integran.
En cuanto al régimen de publicidad y como medios de garantía, el Notario
ha de comunicarlo al Registro Civil, al Ministerio fiscal, y es necesario
constatar la afección de los bienes que lo integran a través del Registro de
la Propiedad si son bienes inmuebles, Registro de bienes muebles e incluso
a través de la entidad gestora si se trata de participaciones en fondos de
inversión, instituciones de inversión colectiva, acciones o participaciones
de sociedades.
Lógicamente, cuando los recursos de la persona con discapacidad quedan
sujetos a un régimen de administración y disposición que establece el
aportante con las garantías que considera pertinente, y con las cautelas que
la propia ley establece, deja de tener sentido y no será necesario recurrir
a la incapacitación para conseguir una adecuada protección de la persona
con discapacidad y su patrimonio.
Para acabar con estas reflexiones, entiendo que no se trata de privar a
las personas con discapacidad de la protección que supone la intervención
de la autoridad judicial o del Ministerio fiscal, sino de limitarlas, como
sucede con relación a las demás personas, y con el único objeto de proporcionarles
seguridad, a los supuestos en que sea necesario por tratarse de
situaciones conflictivas o patológicas.
Ninguna familia, ninguna persona, opta voluntariamente por acudir a
un procedimiento de incapacitación. Más bien lo hace forzada por una realidad
que le niega medidas alternativas cuando pretende realizar un acto
de trascendencia jurídica. De ahí el papel crucial que entiendo el Notariado,
en cuanto garante al mismo tiempo de la legalidad, de la seguridad y
de la autonomía en el ámbito de su actuación, está obligado a desempeñar
para facilitar un cambio real de paradigma en el tratamiento de la discapacidad.