Actas del Congreso

74 Marta Kindelán Bustelo
Por eso nuestro modelo tiene que ser sustituido por un procedimiento
de modificación de la capacidad jurídica de obrar dirigido a articular medidas
de apoyo para la realización de actos y adopción de decisiones. El
apoyo deberá proyectarse únicamente sobre los actos donde sea estrictamente
necesario y, a la vez, su naturaleza dependerá del tipo de actos sobre
los que se proyecte.
La sentencia que establezca la capacidad modificada de una persona ha
de determinar los actos o categoría de actos a los que afecta, así como las
medidas de apoyo estrictamente necesarias, atendiendo a las circunstancias
concretas de la persona afectada y dando prevalencia al respeto de sus
derechos y a la autonomía de su voluntad. Las medidas de modificación de
la capacidad y de apoyo deberán ser proporcionales, evitar los conflictos
de intereses y la influencia indebida y revisarse judicialmente si cambian
las circunstancias (quizá también periódicamente), a través de un proceso
que no requiera esfuerzos extraordinarios. Además, la reforma en ciernes
debe contemplar un calendario de revisión y adaptación de las sentencias
de incapacitación ya dictadas.
Mientras la esperada reforma llega, es importante llamar la atención de
los Jueces y Fiscales sobre la posibilidad y conveniencia de una aplicación
judicial de la incapacitación que se adapte a cada caso y que limite al máximo
las restricciones de la capacidad de obrar y de las medidas a adoptar, en
la que regla general no sea la incapacidad absoluta, en la que se “salven” de
la tutela el ejercicio de los derechos humanos y aquellos actos que la persona
pueda realizar por sí misma o con apoyo, y en la que la asistencia de
la curatela no se ciña a los actos patrimoniales. Se trata de explorar las posibilidades
que ofrecen los artículos 267 y 289 del Código Civil a la luz del
vigente ordenamiento, al cual está incorporada la Convención en lo alto
de su pirámide normativa tras la Constitución, y cuyas disposiciones han de
servir de estándar de interpretación de los Derechos fundamentales.
En el ámbito de los derechos sociales, las reformas en el sistema para
la autonomía y la atención a la dependencia, previsto en la Ley 39/2006,
han supuesto graves restricciones en las ayudas, lo que afecta a muchas
personas con discapacidad, de manera directa y grave. El acceso al empleo
constituye, por otra parte, una de sus máximas aspiraciones que se ve a
menudo frustrada de forma injusta. La tasa de empleo de las personas con
discapacidad es muy inferior a la de la población sin discapacidad. A ello
se une la poca calidad del empleo de este colectivo, consecuencia de la discriminación
en la contratación y en las condiciones de trabajo, la elevada
temporalidad y la resistencia de las empresas a los ajustes razonables. En